Por: Carlos Meneses

Combatir la delincuencia no depende solo de más dinero, sino de liderazgo, coordinación y voluntad de cambio. Si los recursos llegan a buen puerto, los ciudadanos podrán recuperar la confianza en sus autoridades. Pero si se repite la historia de improvisación y desorden, ninguna transferencia bastará para frenar el avance del crimen. La seguridad se construye con recursos, pero sobre todo con responsabilidad.

El anuncio del Gobierno sobre la transferencia de más de S/ 2.7 millones a once municipalidades del país para reforzar la lucha contra la delincuencia es una señal alentadora en medio de la creciente sensación de inseguridad que viven los peruanos. A ello se suma la asignación de más de S/ 45.7 millones al Ministerio del Interior para atender necesidades de la Policía Nacional y otorgar el Bono por Alto Riesgo a la Vida. En conjunto, estas medidas reflejan una voluntad política por fortalecer la seguridad ciudadana, una de las principales demandas de la población.

Sin embargo, el incremento del presupuesto debe ir acompañado de una gestión responsable, transparente y eficiente de los recursos. Las municipalidades beneficiadas —ubicadas en regiones como Amazonas, Cajamarca, San Martín y Lima— deberán demostrar que cada sol destinado a serenazgo, equipamiento, combustible o capacitación se convierte efectivamente en más patrullaje, mejores respuestas ante emergencias y una reducción real de los delitos. No basta con gastar: hay que rendir cuentas.

Durante años, la lucha contra la criminalidad ha tropezado no solo con la falta de recursos, sino con la mala administración, la descoordinación institucional y la ausencia de estrategias integrales. Muchos municipios cuentan con serenazgos limitados, sin conexión con la Policía, ni planes preventivos sostenidos. Por ello, esta nueva inyección económica debe ser el punto de partida para un cambio estructural en la forma de abordar la seguridad local, basada en información, planificación y control.

El Gobierno central, por su parte, tiene la tarea de supervisar el uso adecuado de los fondos transferidos. No hacerlo sería permitir que el dinero destinado a proteger vidas termine diluido en gastos improductivos o en prácticas poco claras. La seguridad ciudadana exige compromiso de todos los niveles del Estado, pero también resultados medibles y sostenibles.