Por: Carlos Meneses

Arequipa no puede seguir esperando cada año a que las dosis lleguen tarde. La prevención debe ser una política constante, no una reacción desesperada.

La situación sanitaria que enfrenta Arequipa por la falta de vacunas contra la influenza estacional revela, una vez más, las deficiencias estructurales del sistema público de salud. En plena alerta por la circulación de la variante H3N2 subclado K, los establecimientos del Ministerio de Salud se quedaron sin dosis, y el nuevo lote recién arribará entre febrero y marzo del 2026. Una espera de más de dos meses que deja expuesta a la población más vulnerable en una etapa crítica del año.

El problema no radica únicamente en la ausencia de vacunas, sino en la falta de previsión. Cada año, el Minsa ejecuta un proceso de compra programado, pero el calendario burocrático no siempre coincide con la realidad epidemiológica. Este año, el aumento súbito de contagios tomó por sorpresa al sistema, que ya había agotado sus 206 mil dosis disponibles en Arequipa. La consecuencia: miles de adultos mayores y niños deberán pasar el verano sin inmunización, justo cuando las condiciones climáticas y la movilidad social favorecen la propagación del virus.

La Gerencia Regional de Salud asegura que la situación está bajo control, dado que no se han registrado casos graves ni fallecimientos. Sin embargo, esa calma institucional no puede traducirse en inacción. La experiencia reciente con el COVID-19 y otros brotes respiratorios ha demostrado que los escenarios sanitarios pueden cambiar en cuestión de días. Ante ello, resulta urgente que el Ministerio de Salud evalúe mecanismos de adquisición anticipada o compras de emergencia, especialmente cuando existen variantes activas y una cobertura incompleta de vacunación.

A ello se suma un aspecto preocupante: el acceso desigual. Mientras los centros públicos quedaron sin stock, clínicas y laboratorios privados ofrecen la vacuna entre S/50 y S/79, una suma inaccesible para muchos ciudadanos. Esta brecha entre el sistema público y el privado agrava la desigualdad sanitaria y deja a miles de familias desprotegidas, pese a que la prevención debería ser un derecho, no un privilegio.

Las autoridades deben tomar esta alerta como una oportunidad para replantear la gestión de las campañas de inmunización, fortaleciendo la planificación logística y la capacidad de respuesta ante emergencias. Las vacunas no pueden llegar cuando la ola ya pasó; deben anticiparse al riesgo.

Mientras tanto, la ciudadanía también tiene un rol fundamental. El uso de mascarillas ante síntomas respiratorios, el lavado frecuente de manos y el aislamiento responsable siguen siendo medidas esenciales. Pero la verdadera protección llegará solo cuando el Estado garantice, de manera oportuna, el acceso universal a las vacunas.