Por: Carlos Meneses

Con este episodio, se cierra un capítulo más en la larga lista de expresidentes que se marchan del poder envueltos en polémicas y reclamos. Boluarte se queda sin pensión vitalicia, pero sobre todo sin el reconocimiento histórico que anhelaba. La presidencia que heredó terminó siendo un símbolo de lo que ocurre cuando el poder llega sin legitimidad ni propósito.

La reciente decisión del Congreso de la República de declarar improcedente la solicitud de pensión vitalicia de Dina Boluarte marca el cierre simbólico de un ciclo político caracterizado por la precariedad institucional y la falta de legitimidad. La exmandataria, que llegó al cargo por sucesión tras la vacancia de Pedro Castillo, deja la escena política sin los privilegios reservados a quienes fueron elegidos por voto popular. Su pedido, más que un trámite administrativo, revela el desconcierto de una gestión que nunca logró construir sustento político ni social.

La ley es clara: el beneficio de la pensión vitalicia corresponde únicamente a los expresidentes elegidos democráticamente y que completan su mandato. Boluarte no cumplió ninguna de esas condiciones. Accedió al poder por una crisis, no por elección, y su salida —mediante vacancia— confirmó que su paso por Palacio fue más consecuencia de los vaivenes del sistema que fruto de un liderazgo genuino.

Más allá de la formalidad legal, el fondo del asunto es ético. En un país golpeado por la desconfianza y el hartazgo ciudadano, pretender beneficios vitalicios después de una gestión marcada por la represión, las muertes en protestas y la parálisis del Estado, resulta un gesto insensible. El país no olvida las más de 60 víctimas que dejó la violencia durante su gobierno ni el deterioro del diálogo político que condujo al aislamiento del Ejecutivo.

La negativa del Congreso —aunque venga de una institución igualmente cuestionada— coincide esta vez con el sentido común. No se trata de una revancha política, sino de una decisión que responde a los principios de legalidad y equidad. Ningún funcionario debería aspirar a privilegios que no le corresponden, menos aún cuando el ejercicio del poder no fue fruto del voto ciudadano ni cumplió con la promesa de estabilidad.

La solicitud de Dina Boluarte, además, deja una lección sobre la distancia entre la legalidad y la legitimidad. Gobernar sin respaldo popular puede ser legal, pero no otorga la autoridad moral que se necesita para reclamar derechos reservados a quienes realmente representaron al pueblo.