El informe técnico del minem debe servir, entonces, no solo para corregir un detalle legislativo, sino para definir el rumbo de una política pública largamente postergada. porque la formalización minera no puede seguir siendo una promesa aplazada cada dos años.

El presidente José Jerí ha decidido esperar el informe técnico del Ministerio de Energía y Minas antes de promulgar o observar la ley que amplía la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2026. Su cautela, justificada por un “detalle” en la redacción de la norma, abre nuevamente el debate sobre la política del Estado frente a la minería informal, un problema que ha desbordado lo técnico y se ha convertido en un dilema político, ambiental y social.

El Reinfo nació como una herramienta transitoria para que los mineros informales pudieran iniciar su camino hacia la formalidad. Sin embargo, tras más de una década de sucesivas ampliaciones, el sistema parece haberse convertido en un salvoconducto permanente para miles de operadores que, lejos de avanzar en su regularización, continúan explotando recursos fuera del marco legal. Según cifras del propio Minem, de los más de 85 mil inscritos, solo un reducido porcentaje ha completado el proceso de formalización. La prórroga, por tanto, ha perdido su carácter excepcional y amenaza con perpetuar un esquema ineficiente.

En regiones como Madre de Dios, Puno o Arequipa, la minería informal está vinculada con la deforestación, la contaminación por mercurio y el contrabando de minerales. Cada extensión del Reinfo, sin un control real del Estado, envía un mensaje equivocado: que la informalidad puede convivir indefinidamente con la legalidad. El costo ambiental y social de esa tolerancia es inmenso.

La decisión del presidente Jerí, por ello, no puede limitarse a una revisión de forma. Si bien es legítimo que observe el texto por un problema de redacción, el fondo del asunto requiere una política clara que defina si el país seguirá prorrogando indefinidamente un registro que ya cumplió su ciclo o si, por el contrario, emprenderá una reforma integral del proceso de formalización minera.

El Gobierno tiene la oportunidad de marcar una diferencia: no se trata de castigar a los pequeños mineros, sino de establecer reglas reales, plazos estrictos y apoyo técnico para quienes buscan formalizarse de verdad, al tiempo que se sanciona a quienes usan el Reinfo como fachada de ilegalidad.