Por Sofía Romero.

El reciente ataque armado en Pataz, que dejó víctimas mortales y volvió a encender las alarmas sobre la minería ilegal en el país, nos recuerda que este problema ya no es solo ambiental, sino esencialmente criminal. La violencia en el sector Papagayo, anexo de Vijus, es la manifestación más clara de un fenómeno que se ha enraizado en las entrañas del Perú con la complicidad del abandono estatal y la falta de control sostenido.

El ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo de la Cruz, ha anunciado que el Gobierno intensificará los operativos de interdicción multisectorial. Sin embargo, la experiencia nos demuestra que los esfuerzos aislados, aunque bien intencionados, no bastan. La minería ilegal se ha convertido en una economía paralela que mueve miles de millones de soles al año, corrompe instituciones y genera enclaves de violencia donde la ley no llega.

Las zonas mineras como Pataz, Madre de Dios, La Libertad o Cajamarca se han transformado en territorios disputados, donde el oro se extrae a costa de vidas humanas y ecosistemas destruidos. En muchos casos, los mineros ilegales son solo el rostro visible de redes mucho más amplias: financistas, comerciantes de insumos químicos, lavadores de dinero y autoridades locales que miran a otro lado.

Combatir este fenómeno requiere algo más que operativos puntuales. Es imprescindible un Estado presente y articulado, que combine la acción policial con la formalización responsable, el desarrollo alternativo y una política clara de inclusión económica. Sin empleo formal ni presencia efectiva de servicios, las comunidades seguirán viendo en la minería ilegal una salida inmediata, aunque peligrosa.

La violencia en Pataz debe ser un punto de quiebre. No basta con condenar los hechos: hay que atacar las causas estructurales que permiten que estas mafias prosperen. De lo contrario, los operativos serán solo parches sobre una herida abierta que amenaza con volverse permanente.

El Perú necesita recuperar el control sobre sus recursos y su territorio. La legalidad y la seguridad deben dejar de ser promesas y convertirse en realidades tangibles para las poblaciones que viven, paradójicamente, sobre una riqueza que no les pertenece.