Por: Carlos Meneses

El 2026 no puede repetirse la historia de cada proceso electoral, donde la indignación llega demasiado tarde. Los partidos deben asumir su papel con madurez política y sentido de responsabilidad pública. Y los ciudadanos, más que indignarse después, deben ejercer su voto con criterio y memoria. Elegir bien no es solo un derecho: es un deber que define el futuro del país.

Las elecciones generales del 2026 ponen nuevamente en evidencia un problema que se repite con preocupante frecuencia en la política peruana: la presencia de candidatos con sentencias firmes en las listas de distintos partidos. Según un informe de El Poder en tus Manos de RPP, 35 organizaciones políticas llevan entre sus filas a 252 postulantes con antecedentes penales, una cifra que debería generar alarma en la ciudadanía y, sobre todo, en las propias agrupaciones que los promueven.

El abogado especialista en derecho electoral, José Manuel Villalobos, ha señalado que esta práctica responde a diversas razones: desde el “arraigo” popular de algunos de estos personajes hasta los aportes económicos que podrían ofrecer a sus partidos. Cualquiera sea la explicación, el resultado es el mismo: una grave distorsión del sentido de la representación democrática. Los partidos, que deberían ser filtros éticos y programáticos, terminan convertidos en plataformas de intereses individuales o grupos de poder.

No se trata de un hecho aislado. Como recuerda Villalobos, en 2014 Gregorio Santos fue reelegido gobernador regional de Cajamarca mientras cumplía prisión preventiva. Esa paradoja —votar por quien está tras las rejas— demuestra no solo la debilidad institucional de los partidos, sino también la fragilidad de nuestra cultura política.

Hoy, la ciudadanía tiene a su alcance herramientas para informarse: plataformas oficiales que permiten revisar antecedentes, hojas de vida y sentencias. Sin embargo, la responsabilidad de depurar la oferta electoral no recae únicamente en el elector informado, sino en los partidos que deciden a quiénes presentan como sus voceros. Un partido que postula a sentenciados no puede hablar de renovación ni de transparencia.

El Jurado Nacional de Elecciones y los Jurados Electorales Especiales cumplen un rol técnico indispensable, al revisar hojas de vida y aplicar la ley ante omisiones o falsedades. Pero su accionar llega después. El problema se origina antes: en el proceso interno de selección, donde debería primar la meritocracia, la probidad y la convicción democrática.