Discrepancias por la formalización minera entre autoridades regionales y del Ejecutivo.

La madrugada del pasado 31 de diciembre, un enfrentamiento armado en la bocamina ‘Papagayo’, ubicada en el sector Morena del anexo de Vijus, en el distrito de Pataz, La Libertad, dejó tres muertos con impactos de bala y la detención de dos personas.

Según información de la Compañía Minera Poderosa, su personal de seguridad se trasladó hacia la zona tras escuchar impactos de bala. Al llegar, encontraron a los fallecidos, «quienes habrían ingresado de manera ilegal a la zona de minado con la intención de sustraer mineral, por lo que se dio aviso inmediato a la Policía». Además, indicaron que el enfrentamiento «se habría producido en un sector donde operan grupos dedicados a la minería ilegal que se disputan el control del área».

Al respecto, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), a través de un comunicado, condenó los asesinatos y los señaló como «consecuencia de la ausencia de una estrategia eficaz del Ejecutivo, que no ha logrado garantizar el control territorial ni la protección de la vida de la población frente a la violencia criminal y las economías ilícitas».

Ante ello, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, señaló que el problema de la minería ilegal se arrastra desde hace varios años, ya que, «durante décadas, los gobiernos regionales han usufructuado» su autonomía «para manejar recursos del pueblo sin lograr eficiencia ni resultados alguno». Además, los acusó de estar «implicados» en dicha actividad ilícita. 

El ministro también afirmó que «no es necesariamente obligación del Estado el control de la pequeña minería y minería artesanal y mucho menos minería ilegal«.

Koki Noriega, presidente de la ANGR, señaló que el Gobierno central es el que tiene el «control» de Pataz, ya que la zona se encuentra en estado de emergencia desde hace «casi dos años» y que, pese a ello, se ha registrado 49 víctimas mortales durante el 2025.

“Hay datos que debemos recordar nosotros. Vamos al artículo 137 de la Constitución Política del Perú, que Pataz está en estado de emergencia y el control lo tiene el gobierno central. En el año 2025, [hubo] casi 49 víctimas en Pataz, en casi dos años de estado de emergencia. Por eso, nosotros, enérgicamente, hemos pedido, no solo estados de emergencia, sino ya control territorial. Porque ahí, en Pataz, el Estado ha perdido todo el espacio con las Fuerzas Armadas y la Policía, y no ha habido respuesta a esta emergencia», indicó. 

En esa línea, rechazó las expresiones del jefe del Gabinete y consideró que su permanencia en el cargo debería ser evaluada, pues -estimó- los hechos en Pataz demandan una responsabilidad política.