Por Germán Yuca Ch. fotos: Jorge Esquivel

Arequipa encabeza una estadística poco alentadora: es la región con el mayor monto comprometido en obras paralizadas a nivel nacional. Según el informe de la Contraloría General de la República correspondiente al tercer trimestre de 2025, existen 126 proyectos detenidos en la región, valorizados en S/7,579 millones 200 mil 101, lo que representa el 17.9% del total nacional.

ENCABEZA RANKING NACIONAL

Por encima de regiones con mayor número de obras inconclusas —como Cusco (297), Puno (223), Áncash (180), Lima (176) o Cajamarca (139)—, Arequipa concentra el mayor valor económico inmovilizado, una cifra que refleja el impacto de los proyectos truncos sobre el desarrollo regional. De ese monto total, solo se ha ejecutado S/2,321 millones 871 mil 567, mientras que el saldo pendiente asciende a S/5,257 millones 328 mil 534.

Aunque la responsabilidad está repartida entre el Gobierno central, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y las municipalidades, los reportes de la Contraloría precisan que casi el 45% de las obras paralizadas corresponde a gobiernos locales, tanto distritales como provinciales.

GRANDES PROYECTOS DETENIDOS

Entre los casos más emblemáticos figura la “Ampliación de la capacidad y construcción de áreas complementarias en el penal de Socabaya”, ejecutada por el Ministerio de Justicia, con una inversión de S/366 millones 661 mil 952. La obra se encuentra paralizada por un proceso de arbitraje tras discrepancias contractuales con el consorcio ejecutor.

Le sigue el “Mejoramiento de la escuela de policías de La Joya”, valorizado en S/146 millones 219 mil 167, a cargo de la Oficina General de Infraestructura del Ministerio del Interior. A este se suma el “Mejoramiento y ampliación del laboratorio de criminalística en Arequipa”, con S/40 millones 493 mil 695 en inversión. Ambos proyectos, impulsados por el Gobierno central, permanecen inconclusos y se evalúa su transferencia al GRA para su culminación.

En el ámbito regional, los casos más notorios son los hospitales Maritza Campos de Cerro Colorado y de Camaná, símbolos de la postergación en materia de infraestructura sanitaria. El primero, valorizado en S/328 millones 590 mil 503, está paralizado desde 2023; el segundo, con una inversión de S/207 millones 258 mil 328, permanece detenido desde 2019. En ambos, los incumplimientos contractuales y los procesos administrativos se convirtieron en un círculo vicioso que impide su reactivación.

Otro proyecto significativo es el “Mejoramiento y ampliación de la frontera agrícola en el río Arma, Condesuyos”, que demandaba S/392 millones 519 mil 273. Inicialmente ejecutado por el GRA, fue transferido en noviembre de 2025 a la Municipalidad Provincial de Condesuyos, en un intento de reactivar los trabajos. Similar situación enfrenta la carretera Viscachani–Callalli–Sibayo, en la provincia de Caylloma, valorizada en S/383 millones 622 mil 944, que busca completar su saldo de obra tras años de paralización.

PARALIZACIÓN EN GOBIERNOS LOCALES

Las municipalidades no escapan a esta problemática. En Caylloma, la “Ampliación, renovación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado en Chivay”, valorizada en S/25 millones 517 mil 789, se encuentra detenida por un arbitraje que enfrenta la comuna provincial.

De igual modo, la “Construcción de la represa de Arhata”, en los distritos de Chuquibamba e Iray (provincia de Condesuyos), permanece paralizada por incumplimientos contractuales. La obra, ejecutada por la Municipalidad Provincial de Condesuyos, tenía una inversión estimada en S/75 millones 260 mil 881.

En el nivel distrital, destaca el “Mejoramiento del servicio de prácticas deportivas y recreativas del polideportivo del pueblo joven Túpac Amaru y Mariscal Castilla”, a cargo de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, con S/24 millones 852 mil 110. El proyecto, también detenido por incumplimientos de contrato, simboliza la dificultad que tienen los municipios para administrar adecuadamente sus inversiones.

GESTIÓN PÚBLICA IMPROVISADA

Más allá de los casos particulares, la magnitud de las obras paralizadas en Arequipa revela una falla estructural en la gestión pública. Los procesos de arbitraje, los incumplimientos de contrato y los expedientes técnicos deficientes evidencian una débil capacidad institucional en la formulación, ejecución y supervisión de los proyectos.

De acuerdo con especialistas en gestión pública consultados por la Contraloría, el problema no radica únicamente en la corrupción o la falta de recursos, sino en la improvisación técnica y la escasa planificación de las obras. La rotación constante de autoridades y funcionarios también contribuye a la discontinuidad de los proyectos y a la pérdida de conocimiento técnico acumulado.

En muchos casos, los gobiernos locales carecen de equipos de profesionales capacitados para manejar procesos complejos de contratación pública. “Una obra paralizada no solo implica dinero inmovilizado, sino la pérdida de oportunidades de desarrollo”, advierte el informe de la Contraloría.

REACTIVACIÓN Y NUEVOS MECANISMOS

Ante esta situación, la Contraloría ha recomendado al Ejecutivo y a los gobiernos subnacionales implementar un plan integral de reactivación de obras paralizadas, priorizando aquellas que tengan más del 60% de avance físico y que cuenten con disponibilidad presupuestal.

En paralelo, se impulsa el uso de la plataforma “Obras Paralizadas”, herramienta digital que permite identificar los proyectos detenidos y monitorear las acciones de reactivación. Sin embargo, los resultados aún son incipientes: hasta el cierre de 2025, solo el 12% de las obras observadas en Arequipa había sido reactivado o contaba con un plan de acción concreto.

La región, que durante la última década ha liderado varios indicadores de competitividad, enfrenta hoy el desafío de revertir la parálisis de su inversión pública. Las cifras de la Contraloría son una alerta: más de S/7,500 millones en proyectos detenidos representan no solo una carga económica, sino un obstáculo directo al crecimiento y bienestar de miles de arequipeños.

Arequipa necesita más que obras: necesita gestión eficiente, continuidad técnica y decisión política para transformar el potencial económico en progreso real.