La pregunta no es abstracta. Para el 2026, el presupuesto de los gobiernos subnacionales cae 9% frente al 2025, cerca de S/ 484,7 millones menos. Y el ajuste llega donde más duele para cerrar brechas: el gasto de capital se reduce en casi 19%, mientras el gasto corriente crece en más de 15%. En simple, habrá más recursos para sostener el aparato estatal regional, pero menos para transformar el territorio. Cuando el espacio para invertir se achica, la discusión deja de ser cuánto se gasta y pasa a ser, inevitablemente, dónde se gasta. En ese contexto, priorizar bien es una condición básica de buena gestión pública.

Un estudio del Consejo Privado de Competitividad ofrece una brújula clara para responder esa pregunta. El análisis muestra que seis factores explican cerca del 70% de las brechas de competitividad entre las regiones del Perú: infraestructura (13%), estabilidad macroeconómica (12%), eficiencia del Estado (11%), mercado laboral (10%), seguridad ciudadana (10%) y educación (10%). El mensaje es contundente: las diferencias regionales no se explican por una agenda dispersa de temas, sino por un conjunto acotado de pilares donde las políticas públicas pueden mover verdaderamente la aguja.

El valor del estudio no está solo en describir el desempeño pasado, sino en ordenar la evidencia para decidir mejor hacia adelante. Al cuantificar el peso relativo de cada pilar, permite identificar dónde una intervención tiene mayor retorno. El análisis también construye un Índice de Competitividad Regional, con puntajes de 0 a 100. Lima lidera con amplia ventaja, seguida por Moquegua y Arequipa. Estar en el podio, sin embargo, no equivale a haber resuelto lo esencial.

Cuando se pone la lupa sobre Arequipa, con datos anuales al 2024, aparece una paradoja clara: una región bien posicionada en el ranking nacional, pero con rezagos marcados en varios de los pilares más determinantes. El primer foco está en el mercado laboral. Arequipa registró- en el 2024- el peor desempeño del país en la proporción de personas que no se encuentran en la PEA: 38 % de la población en edad de trabajar, ubicándola en el último lugar del ranking. A ello se suma una tasa de desempleo de 7%, una elevada proporción de trabajadores en subempleo (64 %) y un alto número de empresas que se dieron de baja por habitante (2.398 por cada 100 mil). En conjunto, estos indicadores reflejan dificultades para sostener empleo de calidad y un tejido empresarial dinámico en el tiempo.

El segundo frente crítico es la inversión pública y la infraestructura, no tanto por falta de activos, sino por problemas de gestión. La diferencia entre el plazo real de otorgamiento de la buena pro y el plazo programado en los gobiernos locales de Arequipa alcanzó 261,7%, el peor resultado entre las regiones en el 2024. Además, cerca del 17,5% de los proyectos con presupuesto asignado registró ejecución cero en el 2024 y 16.35% en el 2025. Cuando los proyectos no avanzan, la inversión se encarece, las obras se postergan y el impacto social se diluye. A ello se suma que, en 2025, la ejecución presupuestal fue menor que en 2024, tanto en gobiernos locales como regionales (5pp. menos).  La seguridad ciudadana es otro frente que empieza a pasar factura. Arequipa registró 2.389 denuncias por cada 100 mil habitantes y el 34% de la población urbana mayor de 15 años reportó haber sido víctima de algún hecho delictivo en el 2024. Este deterioro no solo afecta la vida cotidiana, sino que eleva costos para familias y empresas y termina debilitando el clima para invertir.

A estos rezagos se suman debilidades institucionales. En el 2024, solo el 2% de la población declaró confiar en el Congreso y apenas el 8% evalúa positivamente la gestión del Gobierno Central. A nivel local, la brecha es igual de concreta: solo el 7% de municipalidades cuenta con un Plan de Desarrollo Urbano y el 13% con un Plan de Acondicionamiento Territorial. Sin estos instrumentos básicos, ordenar el crecimiento urbano y anticipar necesidades de infraestructura y servicios se vuelve mucho más difícil.

El mensaje central es claro. Arequipa parte de una posición relativamente favorable, pero su competitividad no está garantizada. Con menos espacio presupuestal para invertir en 2026 y con rezagos persistentes en mercado laboral, gestión de la inversión pública, seguridad ciudadana y calidad institucional, la región necesita una agenda menos dispersa y más estratégica. El estudio del Consejo Privado de Competitividad muestra que la competitividad regional no se construye con listas extensas de políticas, sino concentrando esfuerzos en los factores que realmente explican las brechas. Para Arequipa, el reto es asegurar que cada sol invertido tenga el mayor impacto posible y contribuya, efectivamente, a transformar el territorio.