Apertura del Año Judicial 2026. Al cierre del 2025, la Corte Superior de Justicia de Arequipa (CSJAR) registró una carga procesal de 416 mil 900 expedientes. De ese total, el 42% (175 mil 997) corresponde a procesos en trámite y el 58% (240 mil 903) a procesos en etapa de ejecución. Pese al aumento de la productividad judicial, el número de expedientes pendientes creció en más de 15 mil respecto al 2024, lo que mantiene la carga procesal como un reto para la región.

SE INICIÓ AÑO JUDICIAL

«Al concluir 2025 se alcanzó una producción jurisdiccional efectiva de 111 mil 898 expedientes resueltos, lo que representa el 63.58% de la carga actualmente en trámite. Esto evidencia un esfuerzo sostenido de los jueces y trabajadores de la CSJAR por reducir la mora judicial y garantizar respuestas oportunas y efectivas a las demandas de la ciudadanía», expresó Nicolás Izcarra Pongo, presidente de la CSJAR.

Durante el 2025 se resolvieron 28 mil 615 expedientes en etapa de ejecución, cifra que equivale al 12% de la carga en esa condición, frente al 13% alcanzado en 2024. Izcarra Pongo precisó que la carga de expedientes en ejecución aumentó 5% en comparación con el año anterior, por lo que, en términos absolutos, se lograron mayores resultados, aunque la carga procesal total se incrementó en más de 15 mil expedientes.

Desde la CSJAR informaron que el trabajo articulado permitió mejorar los índices de celeridad procesal en diversas especialidades. En el área civil, los procesos pasaron de 151 a 101 días. Los procesos de nulidad de acto jurídico se redujeron de 304 a 106 días. En materia de familia, los casos de tenencia disminuyeron de 199 a 71 días, los regímenes de visitas de 176 a 76 días y los procesos de alimentos de 136 a 77 días.

En los juzgados de paz civil, los procesos de desalojo redujeron su duración de 74 a 38 días, mientras que los desalojos exprés se resolvieron en 20 días. Además, durante el 2025 se sentenció a 178 internos del penal de Socabaya, lo que permitió que el 80% de la población penitenciaria cuente con situación jurídica definida. En el mismo periodo se dictaron 72 medidas de prisión preventiva.

En el ámbito contencioso administrativo y laboral, la aplicación de mejores prácticas de gestión y la estandarización de procedimientos redujeron los tiempos de tramitación. En materia penal, los juzgados unipersonales y colegiados acortaron los plazos de juzgamiento de 152 a 64 días, mientras que los juzgados de investigación preparatoria redujeron en más del 50% los tiempos de atención de los requerimientos fiscales.

Finalmente, Izcarra Pongo señaló que la principal demanda de la ciudadanía es la mejora de los procesos judiciales y, en ese marco, durante la ceremonia del inicio del año judicial 2026 reafirmó el compromiso de optimizar los indicadores de desempeño en los próximos 12 meses.