Por Jorge Turpo R.

Luego de reiteradas postegaciones adjudicaron la buena pro para la compra de 100 patrulleros. La empresa Maquinarias S.A. se adjudicó la buena pro. Los sobres de las propuestas se abrieron el último 31 de diciembre.

EN 90 DÍAS PODRÍAN ESTAR OPERATIVOS

Tras dos fracasos consecutivos y más de dos años de intentos fallidos, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) finalmente logró adjudicar la buena pro para la compra de 100 patrulleros destinados a la Policía Nacional del Perú.

El proceso, marcado por sospechas de corrupción, observaciones técnicas y reiteradas postergaciones, cerró el 31 de diciembre de 2025, el último día del año, cuando se abrieron los sobres y se otorgó la adjudicación a la empresa Maquinarias S.A.

La compra de patrulleros fue una de las promesas más reiteradas de la gestión del gobernador regional Rohel Sánchez, en un contexto de creciente inseguridad ciudadana.

Sin embargo, el camino para concretarla estuvo lejos de ser lineal. El primer intento, hace más de dos años, buscó adquirir 25 patrulleros mediante compra directa desde el área de Logística del GRA.

Ese proceso terminó abruptamente tras el estallido de un presunto acto de corrupción: los vehículos ya estaban listos antes de que se firme el contrato, lo que levantó serias sospechas sobre direccionamiento. El procedimiento fue anulado y la Fiscalía continúa investigando el caso.

Tras ese episodio, el gobernador anunció un giro en la estrategia. Ya no serían 25, sino 100 patrulleros, y se adquirirían bajo la modalidad de Obras por Impuestos (IOARR).

Se conformó una comisión con participación de la Policía Nacional del Perú para la elaboración de los términos de referencia, un proceso que tomó más de un año.

No obstante, en 2025 el procedimiento volvió a caerse dos veces consecutivas por observaciones formuladas por los postores, lo que prolongó la incertidumbre.

LUZ VERDE

Recién el 31 de diciembre, luego de subsanar observaciones y completar las etapas administrativas, el comité especial logró adjudicar la buena pro.

Así lo confirmó José Briones, secretario técnico del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec), quien aseguró que esta vez se cumplieron todos los requisitos exigidos por la normativa y que el proceso logró sostenerse hasta el final.

Según estimaciones oficiales, de no mediar nuevos contratiempos, los patrulleros podrían estar operativos en un plazo aproximado de 90 días, tras la firma del contrato.

De acuerdo con la priorización establecida, los 100 vehículos —con un valor referencial superior a los 19 millones de soles— serán distribuidos en 58 comisarías, que recibirán 86 unidades, mientras que la Policía de Emergencia contará con 14 patrulleros.

La necesidad, sin embargo, es mucho mayor. La Región Policial Arequipa informó que solo el 40 % de los patrulleros actualmente asignados a las comisarías se encuentra operativo y que se requieren al menos 600 unidades adicionales para cubrir mínimamente el servicio de patrullaje.

El contexto en el que se concreta esta adjudicación es crítico. En las comisarías de Arequipa, cerca del 80 % de los patrulleros supera los 10 años de antigüedad. Muchos están inoperativos, sin llantas, con motores fundidos o simplemente abandonados.

Esta precariedad limita severamente la capacidad de respuesta policial frente a delitos como extorsiones, robos y crimen organizado, que muestran una tendencia al alza.

El proceso tampoco estuvo exento de tensiones entre el comité especial y las empresas interesadas. Tres compañías participaron formalmente: Maquinarias S.A., Grupo Pana y Zane Construcción S.A.C. Todas presentaron consultas y observaciones a las bases. Algunas solicitaron flexibilizar los requisitos técnicos y profesionales, como permitir que cargos clave no estén restringidos a una sola profesión o reducir los años de experiencia exigidos.

Grupo Pana, en su momento, pidió cambios en la garantía de fiel cumplimiento. El comité, sin embargo, no cedió y sostuvo que los requisitos eran los idóneos para cumplir con la IOARR.

Cabe recordar que una primera convocatoria fue declarada desierta, según explicó en su momento el exgerente general del GRA, Johan Cano, debido a que las empresas privadas no cumplieron con las exigencias establecidas.

Cada tropiezo alimentó la percepción de ineficiencia y desorden en un proceso clave para la seguridad pública.

La adjudicación de la buena pro cierra, al menos en el papel, uno de los capítulos más accidentados de la gestión regional.

No obstante, la expectativa ciudadana sigue siendo cautelosa. Arequipa ha aprendido que, en materia de compras públicas, una buena pro no siempre garantiza resultados inmediatos. La verdadera prueba será que los patrulleros lleguen, funcionen y patrullen calles que hoy siguen esperando algo más que promesas y expedientes.