Por: Carlos Meneses

El inicio del proceso electoral no debe entenderse solo como un trámite administrativo, sino como un llamado a renovar la democracia desde las regiones, donde se gestan las verdaderas soluciones a los problemas del país. El desafío está planteado: que las Elecciones 2026 sean un ejemplo de civismo, transparencia y responsabilidad política.

Con la convocatoria oficial realizada por el presidente José Jerí, el país ingresa formalmente a la ruta electoral hacia las Elecciones Regionales y Municipales 2026, programadas para el 4 de octubre. Este anuncio marca el punto de partida de un proceso decisivo para la democracia peruana, en el que los ciudadanos deberán elegir a sus gobernadores, consejeros, alcaldes y regidores en los 25 gobiernos regionales y más de 1,800 municipalidades del país.

La publicación del Decreto Supremo en El Peruano activa de inmediato el cronograma establecido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que fija fechas clave para la inscripción de partidos y movimientos regionales, la formación de alianzas, la realización de elecciones primarias y la presentación de listas. Este calendario constituye un reto no solo logístico, sino también político y ético, en un contexto en el que el descrédito institucional y la desconfianza ciudadana aún pesan sobre el sistema democrático.

Las elecciones primarias, previstas para mayo, se presentan como una oportunidad para fortalecer la legitimidad de las candidaturas, siempre que los partidos y movimientos asuman con responsabilidad el proceso interno de selección y eviten reproducir las viejas prácticas del clientelismo y la imposición de liderazgos personales. La transparencia en esta etapa será clave para recuperar la confianza en la representación política, especialmente en regiones donde la fragmentación electoral y los antecedentes de corrupción han debilitado la gobernabilidad.

El proceso electoral, además, pondrá a prueba la capacidad técnica y neutralidad de los organismos electorales —el JNE, la ONPE y el Reniec—, llamados a garantizar condiciones equitativas, el cumplimiento de las normas y la vigilancia sobre el financiamiento de las campañas. Su labor deberá desarrollarse con total independencia frente a las presiones políticas y con el respaldo ciudadano que solo se gana mediante la transparencia y la eficiencia.

De igual modo, los medios de comunicación y la sociedad civil tienen un papel fundamental: informar, fiscalizar y promover el voto consciente. En un país donde la corrupción ha penetrado profundamente los niveles regionales y locales, las urnas de 2026 deben ser el espacio donde la ciudadanía exija integridad, idoneidad y compromiso con el bien común.