Por Jorge Turpo R.

Las investigaciones, que ya habían avanzado hacia la acusación, serán retomadas por una fiscalía con recursos limitados en Arequipa. Familias y defensores legales advierten que la medida favorece la dilación y mantiene en riesgo la justicia para las víctimas.

ESTABAN LISTAS PARA CONTROL DE ACUSACCIÓN

La justicia para las víctimas de las protestas sociales vuelve a caminar hacia atrás. Los procesos judiciales seguidos contra miembros de la Policía Nacional por la muerte de tres personas en Arequipa, durante las manifestaciones contra la entonces presidenta Dina Boluarte, se verán seriamente afectados tras la decisión del fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, de desactivar cuatro equipos especiales del Ministerio Público. La medida, oficializada el 6 de enero, no solo reordena despachos: reabre la posibilidad de la impunidad.

Las fiscalías eliminadas —Lava Jato, Cuellos Blancos del Puerto, Eficcop y Eficavip— tenían a su cargo investigaciones complejas y de alto impacto nacional. Entre ellas, los casos de las muertes ocurridas durante las protestas sociales que dejaron un saldo de 49 fallecidos en todo el país. Tres de esas muertes ocurrieron en Arequipa. Tres vidas que no quedaron registradas en balances oficiales, sino en el duelo persistente de sus familias.

Miguel Arcana, Jhan Carlos Condori Arcana y Xavier Candamo Dasilva no son solo nombres en expedientes. Son historias interrumpidas por la violencia estatal en contextos de protesta social.

Sus casos habían avanzado bajo la conducción de un equipo especial de fiscales con competencia nacional, especializado en derechos humanos y violencia en escenarios de conflictividad social. Hoy, ese avance está en riesgo.

La defensa legal de las familias está a cargo de Solidaria Perú. Su abogado, Arturo Salas Vildoso, advierte que la eliminación de las fiscalías especializadas tendrá un impacto directo en los plazos y en el desenlace de los procesos.

“Las investigaciones preparatorias ya concluyeron en los tres casos. Lo que correspondía era pasar al control de acusación”, explica.

De acuerdo con el Código Procesal Penal, el Ministerio Público tiene 15 días para formular acusación o solicitar el sobreseimiento. Sin embargo, ese plazo, reconoce Salas, ya era difícil de cumplir incluso antes de la desactivación de los equipos especiales.

El problema se agrava ahora. Las carpetas fiscales, cada una con miles de folios y varios tomos, deberán ser remitidas a Arequipa, a sus fiscalías de origen.

Según la información recibida por la defensa, los tres casos quedarán a cargo de la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo del Distrito Fiscal de Arequipa, liderada por la fiscal Verónica Bellido Mariscal.

A diferencia de los equipos especiales desactivados, esta fiscalía opera con recursos mínimos. Bellido Mariscal trabaja sola, con apenas dos fiscales adjuntos. Será ella quien deba revisar, desde cero, el contenido de las tres voluminosas carpetas fiscales antes de decidir si acusa o archiva. El tiempo, en este escenario, deja de ser un aliado de la justicia.

Existe, además, una incertidumbre adicional: el destino de los procesos judiciales ya tramitados ante el Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, donde magistrados como Richard Concepción Caruancho conocían parte de los casos.

Si las carpetas regresan a Arequipa, no está claro si todo lo actuado por el juzgado nacional deberá también ser remitido a los juzgados locales, lo que implicaría nuevos retrasos administrativos y procesales.

Para Salas Vildoso, la decisión de desactivar las fiscalías especializadas carece de sustento real. “El argumento de que no han demostrado eficacia no se sostiene, al menos en el caso de las protestas. En Arequipa, sin estos equipos, probablemente los casos seguirían en investigación preparatoria o ya estarían archivados”, afirma.

Recuerda precedentes como el conflicto de Tía María, donde —según señala— la falta de especialización derivó en investigaciones deficientes y respuestas tardías.

La preocupación de las familias no es sólo por el tiempo, sino por la calidad de la decisión final. Un fiscal sin experiencia específica en derechos humanos y violencia estatal puede no dimensionar el contexto ni la gravedad de los hechos.

“Ahora todo vuelve a ponerse en duda: si se acusa o no se acusa, si se archiva o no”, dice Salas. Mientras tanto, las familias esperan, otra vez.

No han sido notificadas formalmente de la desactivación de las fiscalías ni de la reasignación de los casos. Se han enterado por los medios de comunicación. Su primera tarea, ahora, es identificar al fiscal responsable, revisar su trayectoria, su experiencia y su actuación previa. Un trabajo adicional que se suma a la carga emocional de años de espera.

Hay, sin embargo, un aspecto que la defensa considera como el único punto a favor. Al quedarse los casos en Arequipa, las familias tendrán un contacto directo con la fiscalía. La vigilancia ciudadana, la presión mediática y las eventuales denuncias podrán hacerse desde el propio territorio, sin los costos económicos que implicaba litigar desde Lima.

Pero el balance general es claro. La desactivación de los equipos especiales no acelera la justicia: la posterga. Y en el caso de Miguel, Jhan Carlos y Xavier, cada día de retraso es un día más en el que sus muertes siguen sin una respuesta judicial firme. Tres muertes que, por ahora, continúan impunes.