Por Carlos Meneses

La democracia no se consolida con invitaciones, sino con hechos. Que la observación internacional sirva como estímulo para un proceso electoral ejemplar y, sobre todo, para que el Perú recupere la confianza en su voto y en sus instituciones.

La reciente invitación del Gobierno peruano a la Organización de Estados Americanos (OEA) para desplegar una Misión de Observación Electoral (MOE) con motivo de las elecciones generales del 12 de abril de 2026 constituye una señal política significativa. No solo reafirma el compromiso del país con la democracia y la transparencia, sino que también busca fortalecer la confianza ciudadana en un contexto nacional marcado por la desafección política y el cuestionamiento a las instituciones.

El anuncio, realizado por el embajador Rodolfo Coronado Molina durante la presentación de sus cartas credenciales ante el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, llega en un momento clave. El Perú enfrenta un escenario de polarización, fragmentación partidaria y desconfianza en la clase política, factores que han debilitado la legitimidad de los procesos electorales en los últimos años. La presencia de una misión internacional, imparcial y técnica, puede contribuir a mitigar esos temores y reforzar la credibilidad de los resultados.

La experiencia de la OEA en la observación de elecciones en América Latina ha demostrado ser un mecanismo eficaz para garantizar transparencia y prevenir conflictos postelectorales. Su labor no se limita al monitoreo del día de los comicios, sino que abarca etapas previas, como el registro electoral, la equidad en la competencia, la participación de mujeres y minorías, y la observación de la justicia electoral. Su presencia, además, constituye un respaldo al trabajo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la ONPE y el RENIEC, instituciones responsables de conducir el proceso con imparcialidad y eficiencia.

En este contexto, la invitación del Perú no debe entenderse como un acto de desconfianza hacia las instituciones nacionales, sino como una apuesta por la apertura y la cooperación internacional. En una región donde la democracia enfrenta desafíos —desde la desinformación digital hasta los intentos de manipulación política—, la vigilancia externa se convierte en un elemento de garantía, no de interferencia.

El reto del Gobierno y de las autoridades electorales será asegurar que el proceso del 2026 se desarrolle con neutralidad, acceso a la información, respeto a las reglas y participación ciudadana informada. La OEA podrá observar, recomendar y advertir; pero la responsabilidad última de un proceso limpio y legítimo recae en el propio país.