Por Jorge Turpo R. Foto: Jorge Esquivel

Willy Ramírez Chávarry, miembro JNE, advierte que el mayor peligro no es un fraude, sino el intento de instalar nuevamente la narrativa del fraude para deslegitimar los resultados.

ELECCIONES 2026

A pocos meses de las elecciones generales de 2026, el escenario electoral peruano aparece marcado por una combinación riesgosa: una extrema fragmentación política, reglas que facilitan la proliferación de partidos, una cédula de votación inéditamente extensa y un clima de desconfianza heredado de procesos anteriores.

En ese contexto, Willy Ramírez Chávarry, miembro del pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), advierte que el mayor peligro no es un fraude en sí mismo, sino el intento de instalar nuevamente la narrativa del fraude para deslegitimar los resultados.

“Puedo asegurar que no existió fraude”, sostiene Ramírez al referirse a las elecciones pasadas.

Afirma que, tras asumir el cargo en marzo de 2022, revisó directamente las acusaciones y no encontró sustento alguno. Para el magistrado, la sombra del fraude fue más bien un fenómeno político y comunicacional, alimentado por la desinformación y por la incapacidad de algunos actores de aceptar la derrota.

“Hay que saber perder”, insiste, apelando a una “hidalguía democrática” que, según reconoce, se ha ido perdiendo en el país.

Sin embargo, Ramírez admite que el riesgo de cuestionamientos se mantiene latente, e incluso podría agravarse en 2026. No por debilidades técnicas del sistema electoral, sino por el contexto: 38 organizaciones políticas en competencia, cinco tipos de elección en una sola cédula y un voto cada vez más atomizado.

“El elector podría tardar entre cuatro y seis minutos en votar, cuando antes demoraba uno o dos”, explica.

En zonas rurales, amazónicas o entre ciudadanos que no tienen como lengua materna el castellano, el desafío es mayor. Allí, advierte, el aumento del voto nulo o viciado es un riesgo real, que podría ser utilizado luego como argumento para sembrar dudas sobre la legitimidad del proceso.

La fragmentación no es casual. Ramírez sitúa su origen en una modificación clave: la reducción del requisito de firmas para inscribir partidos políticos, del 3 % del padrón electoral a apenas 0,1 %. En términos prácticos, se pasó de exigir más de medio millón de firmas a poco más de 24 mil.

“La diferencia es abismal”, subraya. El resultado fue una avalancha de solicitudes: más de 200 reservas de denominación, de las cuales aún sobreviven más de 100, y 55 partidos inscritos a la fecha, con la posibilidad de que se sumen más.

Aunque posteriormente se restituyó el umbral del 3 %, Ramírez precisa que esa exigencia rige solo hacia adelante. Quienes iniciaron trámites bajo la ley anterior mantienen sus derechos.

“Ese es el origen del problema”, resume. A ello se sumó la eliminación de las llamadas PASO peruanas (elecciones primarias), que buscaban ordenar la oferta política. En la práctica, casi todos los partidos optaron por la modalidad más flexible: elecciones mediante delegados. “Es la más light”, admite el magistrado, y también la menos participativa.

LEGITIMIDAD

Este sistema, advierte, tiene consecuencias directas en la legitimidad. Su mayor temor es que el próximo presidente llegue al poder con un respaldo ciudadano muy bajo.

“Espero que los dos candidatos que pasen a segunda vuelta logren al menos dos dígitos”, señala. De lo contrario, la gobernabilidad quedaría seriamente comprometida.

La valla electoral, 5 % de votos válidos más representación mínima en alguna de las cámaras, permitirá una depuración posterior, pero no evitará un Congreso altamente fragmentado.

En ese escenario, cualquier resultado estrecho o confuso puede convertirse en terreno fértil para acusaciones infundadas.

Por eso, Ramírez enfatiza que las reglas no las pone el JNE, sino el Congreso. “El árbitro solo aplica la norma”, dice, en una analogía deportiva que busca desmontar la idea de un ente electoral parcializado.

Para enfrentar la desinformación, el JNE ha fortalecido su equipo de verificación de datos. Lo que comenzó como un pequeño grupo de jóvenes se ha consolidado como una unidad de fact checking que combate la información falsa en redes sociales.

Aun así, Ramírez reconoce la desproporción del desafío: “Es como una hormiga contra un elefante”. Por eso, hace un llamado directo a los medios de comunicación y a la ciudadanía a contrastar fuentes y ejercer una alfabetización mediática activa.

El magistrado también defiende la capacidad operativa del sistema electoral frente a un proceso complejo.

El JNE ya ha implementado 60 jurados electorales especiales y asegura que la fiscalización de propaganda, financiamiento y cumplimiento de normas se realiza desde la convocatoria misma.

El control del dinero, recuerda, es responsabilidad principal de la ONPE, aunque el JNE actúa como segunda y definitiva instancia cuando hay controversias.

Uno de los ejemplos que Ramírez utiliza para demostrar la independencia del JNE es la reciente nulidad de las elecciones primarias de un partido político histórico (Acción Popular), decisión adoptada de oficio tras cinco informes de fiscalización que acreditaron irregularidades.

“No se ha cancelado la inscripción del partido”, aclara. La organización sigue vigente, pero deberá asumir las consecuencias de sus actos.

Sobre el fantasma del fraude, su mensaje es claro: no existen evidencias que lo sustenten, pero sí existe el peligro de que se utilice políticamente para erosionar la confianza ciudadana.

En un proceso con tantas opciones, tantos votos y tantas sensibilidades, la derrota será difícil de aceptar para muchos.

“Solemos culpar al árbitro”, dice Ramírez, “cuando el árbitro solo aplica la regla”.

De cara a abril de 2026, el reto del JNE no es solo organizar elecciones limpias, algo que, asegura, está garantizado, sino evitar que la desinformación y la desconfianza conviertan un proceso democrático en una disputa permanente por la legitimidad. Porque, como advierte Ramírez, el mayor fraude no siempre está en las urnas, sino en el relato que se construye después.

Ramírez Chávarry, es miembro del Pleno del JNE y fue elegido por el Colegio de Abogados de Lima y postulará a la reelección.