Por: Carlos Meneses

El retorno de los 34 compatriotas desde Bolivia no es solo una buena noticia: es una muestra de que el Perú puede responder con eficacia y empatía cuando la vida y la dignidad de sus ciudadanos están en juego.

La reciente acción del Ministerio de Relaciones Exteriores para facilitar el retorno seguro de 34 peruanos varados en Bolivia, a raíz de los bloqueos de carreteras que afectan a ese país, es un recordatorio oportuno del verdadero alcance de la responsabilidad del Estado: proteger a sus ciudadanos, sin importar en qué punto del mapa se encuentren.

No se trata de un gesto aislado ni de un hecho menor. En tiempos de convulsión regional, cuando los conflictos sociales, las crisis políticas o las emergencias naturales pueden interrumpir súbitamente la movilidad de las personas, la capacidad de respuesta de la Cancillería marca la diferencia entre la incertidumbre y la seguridad. Esta vez, el Perú actuó con celeridad y eficacia. Ante la imposibilidad de concretar un vuelo humanitario —que enfrentó problemas de fuerza mayor—, el Estado activó un plan alternativo para garantizar que los connacionales cruzaran la frontera y regresaran a salvo a su tierra.

La intervención diplomática, acompañada por la logística del Ejército del Perú y la coordinación interinstitucional con el Ministerio de Defensa, demostró que cuando las entidades actúan de manera articulada, los resultados son tangibles. Los compatriotas regresaron a salvo, bajo acompañamiento oficial, hasta llegar a Juliaca. Este hecho refleja que la presencia del Estado no debe medirse solo dentro de sus fronteras físicas, sino también por su capacidad de extender protección más allá de ellas.

En un contexto mundial donde la migración y el desplazamiento humano se han convertido en fenómenos permanentes, los Estados deben fortalecer sus mecanismos de asistencia consular y emergencia. La diplomacia moderna no solo se expresa en tratados o cumbres internacionales, sino también en gestos concretos de humanidad y compromiso.

La Cancillería peruana ha dado una respuesta oportuna y profesional; sin embargo, este caso también debe servir para reforzar protocolos, ampliar capacidades y garantizar que ningún peruano quede desamparado ante circunstancias adversas en el extranjero. El principio de solidaridad nacional no termina en la frontera, y la confianza en las instituciones se consolida precisamente cuando los ciudadanos comprueban que el Estado los respalda en sus momentos más difíciles.