EN EMERGENCIA 38 DISTRITOS

Previo a la temporada de lluvias de 2026, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Arequipa identificó 63 puntos críticos en la región. Sin embargo, hasta el momento solo se concretaron 14 intervenciones preventivas. Aunque la declaratoria de emergencia emitida a nivel nacional incluye a 38 distritos de Arequipa, esta no cuenta con respaldo presupuestal, lo que limita la capacidad de respuesta del Gobierno Regional de Arequipa (GRA).

La declaratoria comprende a distritos de las provincias de La Unión, Condesuyos, Castilla, Caylloma, Caravelí y Arequipa metropolitana. Si bien el régimen de excepción permite priorizar acciones inmediatas en zonas de riesgo, no contempla transferencias directas de recursos. En ese escenario, el GRA deberá ejecutar su presupuesto asignado para 2026 o redistribuir fondos del Fondo de Compensación Regional (Foncor) para intervenir en la mayor cantidad posible de puntos críticos.

«El gobierno regional tiene que priorizar su propio presupuesto y, si es necesario, postergar otros proyectos para atender primero la vida humana, luego las viviendas y finalmente los medios de vida. Hoy tenemos 63 puntos críticos identificados, pero las intervenciones dependen directamente de la capacidad financiera y de la gestión de fondos complementarios», declaró Juan Francisco Portilla Alvarado, jefe del COER Arequipa.

Acorde al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), en 2025 el GRA recibió S/2 millones 614 mil 584 para el programa “Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres”. Este monto debe cubrir intervenciones preventivas, atención de emergencias y apoyo logístico en toda la región. No obstante, resulta insuficiente frente al número de zonas en riesgo y la magnitud de las amenazas previstas para el próximo periodo de lluvias, más aún cuando el Senamhi estima precipitaciones más intensas que las registradas en 2025.

Los puntos críticos se concentran principalmente en las provincias de La Unión, Condesuyos, Caylloma y Castilla, asociadas a cuencas con antecedentes de desbordes y daños severos en temporadas anteriores. La identificación de estas zonas se sustentó en información técnica de entidades especializadas y en reportes de los gobiernos locales, aunque la atención integral depende de la disponibilidad de recursos y de la presentación de fichas técnicas. Mientras que Islay y Camaná afrontan riesgo diferentes ligados a daños a la agricultura.

A este panorama se suma el impago a exproveedores de maquinaria debido a procesos administrativos no regularizados. Desde el COER informaron que existen alrededor de 20 empresas involucradas, con montos que en conjunto superan los S/26 millones. La actual gestión reconoció las deficiencias y anunció una reorganización del proceso para asegurar el pago conforme a ley en futuras contrataciones por emergencia.

En paralelo, los municipios provinciales disponen de 48 equipos de línea amarilla otorgados por el GRA. Sin embargo, ante la cantidad de puntos críticos, los gobiernos locales recurren a empresas privadas, que muestran reticencia a intervenir. «Cualquier labor que se ejecute este año, sea con maquinaria regional o externa, se hará bajo la ley de contrataciones públicas por emergencia, evitando los problemas ocurridos anteriormente», afirmó Portilla Alvarado.