Autoridades de la MPA, Fiscalía y Policía intensificarán operativos. Inspectores municipales son víctimas de agresiones y hasta secuestros durante operativos. Autoridades anuncian trabajo conjunto con la Policía y la Fiscalía para recuperar el orden en las calles.

EN AREQUIPA 12 CASOS DE AGRESIÓN A INSPECTORES

La violencia se ha convertido en una peligrosa consecuencia de la informalidad en el transporte público de Arequipa. Lo que comenzó como un problema administrativo —la falta de permisos, rutas o licencias— ha escalado en los últimos meses a hechos de agresión física e incluso secuestro contra los inspectores municipales encargados de hacer cumplir la ley.

El Subgerente de Transporte Interurbano y Especial de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), René Javier Ortiz Zegarra, confirmó que durante el 2025 se registraron al menos diez ataques contra fiscalizadores, todos perpetrados por conductores o cobradores de unidades informales. En lo que va del 2026, ya se han producido dos nuevas agresiones, una de ellas con características especialmente graves: un secuestro.

Según el funcionario, el último hecho ocurrió cuando un grupo de inspectores intervino una unidad informal con el fin de trasladarla al depósito municipal. Sin embargo, el conductor desvió la ruta y los retuvo por la fuerza en dirección a Selva Alegre. “Fue un secuestro en toda regla. Afortunadamente, no hubo lesiones graves, pero los inspectores fueron retenidos en contra de su voluntad, en un claro acto de intimidación”, relató Ortiz.

OPERATIVOS

La situación ha encendido las alarmas en la Gerencia de Transportes de la MPA, que ha decidido reforzar la seguridad en los operativos. En coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía de Prevención del Delito, se ha diseñado un nuevo plan de acción que prioriza el resguardo policial durante las intervenciones y promueve operativos simultáneos en los puntos más conflictivos de la ciudad.

El lunes pasado se ejecutó el primer operativo de este tipo, en conjunto con las unidades de Tránsito y de Servicios Especiales de la PNP. La acción se desarrolló en el tramo entre el puente Grau y el óvalo San Lázaro, donde suelen operar decenas de unidades informales que transportan pasajeros sin autorización.

El resultado fue contundente: diez vehículos informales fueron intervenidos y trasladados al depósito municipal de la avenida Parra. Las verificaciones arrojaron irregularidades graves: varios carecían del SOAT obligatorio, otros tenían licencias suspendidas o de categoría inadecuada, e incluso se detectó conductores reincidentes.

“Estos casos no son simples infracciones administrativas. Estamos hablando de personas que exponen al peligro a los pasajeros y violan la ley al brindar un servicio público sin las condiciones mínimas de seguridad”, advirtió Ortiz. Por ese motivo, la comuna provincial denunciará los hechos ante el Ministerio Público por exposición de personas al peligro.

INFORMALIDAD EMPEORA

La violencia es apenas el síntoma más visible de un sistema profundamente desordenado. En Arequipa, el transporte informal ha ganado terreno a medida que el Sistema Integrado de Transportes (SIT) no logra cubrir la demanda ciudadana. Miles de pasajeros recurren cada día a vehículos informales —minivanes, autos colectivos y combis sin permiso— ante la falta de rutas formales o por la deficiente frecuencia de los buses autorizados.

“Mientras el SIT no cubra completamente las necesidades de la población, las unidades informales seguirán operando. La gente necesita movilizarse, pero no por eso debemos tolerar el caos ni el riesgo”, afirmó el subgerente.

Actualmente, la Municipalidad Provincial cuenta con 90 inspectores que operan en doble turno. Sin embargo, la cifra es insuficiente para una ciudad de casi un millón de habitantes. Por ello, la comuna ha iniciado un nuevo proceso CAS que permitirá incorporar hasta 50 fiscalizadores adicionales. Otros veinte trabajadores se encuentran en proceso de inducción.

Además, se ha dispuesto un nuevo esquema de turnos nocturnos para cubrir las zonas donde la informalidad actúa con mayor libertad, especialmente en los alrededores del mercado de Vidaurrázaga, donde la MPA trabaja en conjunto con la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero.

TRABAJO CONJUNTO

La reactivación de los operativos se produce tras el reciente cambio de mandos en las divisiones policiales de Orden Público, Seguridad y Tránsito, lo que permitió restablecer la coordinación entre la MPA y la PNP.

El coronel PNP José Antonio Torres Araníbar, jefe de Orden Público en Arequipa, y la comandante Karla Farina Pacheco Grimaldo, nueva jefa de la Policía de Tránsito, ratificaron su compromiso con las acciones conjuntas. En la reunión de coordinación también participó la Fiscalía de Prevención del Delito, a fin de garantizar el sustento legal de las intervenciones y la denuncia inmediata de los infractores.

Por su parte, la Gerencia de Transportes señaló que los operativos se intensificarán en los próximos días, priorizando las zonas críticas por alta circulación de vehículos informales: el eje metropolitano del Cercado, las avenidas Kennedy, Ejército y Vidaurrázaga, además de las salidas hacia Cayma y Cerro Colorado.

AUSENCIA DE AUTORIDADES

La violencia contra los inspectores es un reflejo de la pérdida de respeto hacia la autoridad y de la impunidad con la que opera la informalidad. En muchos casos, los conductores ilegales actúan en grupos organizados, alertándose por radios o redes sociales sobre la presencia de los fiscalizadores. No dudan en amedrentar, agredir o retener a los funcionarios con tal de evitar sanciones.

El desafío para la Municipalidad Provincial y la Policía es enorme: hacer cumplir la ley sin poner en riesgo a quienes la aplican. La tarea requiere no solo fuerza, sino constancia, respaldo político y una estrategia que aborde el problema desde su raíz: la precariedad del sistema formal y la falta de cultura vial en la población.

Mientras tanto, los inspectores continúan en las calles, cumpliendo una labor riesgosa que debería contar con el respaldo firme de toda la ciudadanía. Porque detrás de cada operativo no solo está la fiscalización, sino la defensa de la seguridad de miles de arequ