Por: Carlos Meneses

Las próximas elecciones representan una oportunidad para reafirmar la vocación democrática del país. Si el trabajo de la misión internacional contribuye a reforzar la confianza y a garantizar un proceso limpio, habrá cumplido su propósito esencial: ayudar al Perú a consolidar su institucionalidad y a fortalecer la fe del electorado en el poder de su voto.

La llegada de una misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) al Perú constituye un paso fundamental para garantizar la transparencia y legitimidad de las elecciones generales de abril próximo. En un contexto en el que la desconfianza ciudadana hacia las instituciones continúa siendo un desafío, la presencia de un organismo internacional con reconocida experiencia puede servir como un elemento de equilibrio y garantía ante cualquier intento de cuestionar el proceso democrático.

El secretario general de la OEA, Albert R. Ramdin, fue claro al señalar que la misión trabajará con total independencia. Su labor, dijo, no responde a la Secretaría General ni a ningún interés político o gubernamental. Esa afirmación es relevante no solo en el plano formal, sino también simbólico: la independencia y la imparcialidad son la base sobre la cual se construye la confianza ciudadana en los resultados electorales.

La OEA tiene una larga trayectoria en acompañar procesos democráticos en la región, actuando como observadora técnica y promotora de buenas prácticas electorales. Su papel no es intervenir ni sustituir a las autoridades nacionales, sino evaluar el cumplimiento de los estándares internacionales de transparencia, equidad y participación. En el caso peruano, su colaboración resulta especialmente valiosa, considerando la polarización política y la fragilidad institucional que persisten tras los últimos comicios.

El acuerdo suscrito con la Cancillería y próximamente con los organismos electorales —el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)— asegura las condiciones formales para el despliegue de la misión en todo el país. Este acompañamiento abarcará aspectos técnicos como la fiscalización del financiamiento de campañas, la justicia electoral y el uso de tecnología, temas sensibles que requieren vigilancia independiente y profesional.

Más allá de la presencia de observadores, el éxito del proceso electoral dependerá de la madurez política de los actores nacionales. La transparencia no puede ser solo un compromiso de la OEA o de las autoridades, sino una exigencia colectiva que involucre a partidos, candidatos, medios de comunicación y ciudadanos.