María Teresa Cabrera, presidenta de la JNJ se pronuncia sobre caso de Delia Espinoza, fiscal de la Nación suspendida.

La presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), María Teresa Cabrera, propuso al Pleno de la institución destituir a la fiscal de la Nación Delia Espinoza por supuestas faltas muy graves. Se trata del procedimiento disciplinario que se le inició por no cederle el cargo a Patricia Benavides, una orden dictada por la propia Cabrera y sus colegas consejeros Gino Ríos, Germán Serkovic, Juan de la Puente, Víctor Chanduví y Cayo Galindo.

El referido proceso disciplinario fue suspendido inicialmente por el juez Juan Torres Tasso ya que se habrían vulnerado diversos derechos de la fiscal suprema. Sin embargo, dicha disposición fue dejada sin efecto provisionalmente por el Tribunal Constitucional al otorgar una medida cautelar a la JNJ.

En el informe de 44 páginas al que accedió Infobae, María Teresa Cabrera asegura que los hechos que le imputan a Delia Espinoza están debidamente acreditados. Estos son:

• Supuestamente “haber hecho caso omiso a la ordenado por la JNJ en la resolución 231-2025-JNJ” que ordenaba la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación a pesar que Delia Espinoza fue válidamente elegida por la Junta de Fiscales Supremos.
• Supuestamente “haberse rehusado a cumplir sus funciones como fiscal suprema” porque no recibió a Patricia Benavides cuando irrumpió en el Ministerio Público el 16 de junio, sino que convocó a una sesión de Junta de Fiscales Supremos.
• Supuestamente “haber instigado al personal fiscal y administrativo del Ministerio Público” para evitar la reincorporación de Patricia Benavides.

En el documento, María Teresa Cabrera afirma que la sanción de destitución para Delia Espinoza “se presenta como la respuesta disciplinaria idónea” para “preservar la autoridad de las decisiones del órgano constitucional competente”, la JNJ.

Cabrera dice que una sanción menor, entiéndase suspensión o amonestación, no sería suficiente para ese fin. Asegura que las conductas atribuidas a Espinoza “comprometieron deberes esenciales del cargo” y que no hubo una posterior corrección para restablecer el “orden jurídico afectado”, es decir, la orden cuestionada de la JNJ.

“La afectación al derecho de la investigada a permanecer en la función pública se encuentra justificada por la prevalencia del interés público en contar con magistrados supremos que ejerzan sus funciones con estricto respeto al orden constitucional y a las decisiones del órgano disciplinario”, se lee en el informe.