Adolfo de Córdova, presidente de la SADA.

Ante el riesgo de pérdida de sembríos, la Sociedad Agrícola de Arequipa (SADA) solicitó al Gobierno central incluir a las provincias de Camaná e Islay en la declaratoria de Estado de emergencia. El incremento del caudal de los ríos coincide con el periodo de siembra y cosecha en los valles costeros, lo que eleva el riesgo de inundaciones y pérdidas de cultivos.

El pasado 9 de enero, el Ejecutivo declaró en estado de emergencia a 38 distritos de seis provincias de Arequipa por un periodo de 60 días calendario. Aunque la medida busca ejecutar acciones frente al peligro inminente generado por las intensas precipitaciones pluviales, el Decreto Supremo n.° 003-2026-PCM no incluyó a ningún distrito de las provincias de Camaná e Islay. Esta decisión dejó fuera a dos valles con alta actividad agrícola, centrada en la siembra y cosecha.

«Debería declararse en emergencia toda la región Arequipa. En especial las cuencas geográficas de los ríos Camaná, Ocoña, Tambo y Majes. En estas fechas, los cultivos atraviesan diferentes etapas y los desbordes ocasionan una pérdida total. Se afecta el terreno, la cosecha e incluso la siguiente campaña agrícola. Es un hecho que las defensas ribereñas no son totales, por lo que todos los años afrontamos peligro de pérdida por las inundaciones», declaró Adolfo de Córdoba Vélez, presidente de la SADA.

En los valles de Camaná y Ocoña se desarrollan hasta dos campañas agrícolas al año, por lo que las inundaciones generan pérdidas significativas para los productores. Pese a ello, el Seguro Agrario Catastrófico (SAG) no compensa de manera real los daños, ya que las indemnizaciones resultan mínimas frente a la inversión realizada. «El SAG no cubre ni el 10% de lo que invierte el productor; por lo que se requiere una revisión seria desde el Midagri», declaró.

Finalmente, De Córdoba Vélez cuestionó el actual sistema de declaratorias de emergencia, al considerar que los trámites administrativos no responden a la urgencia de este tipo de eventos. Aunque reconoció que existen responsabilidades compartidas entre municipalidades y el Gobierno Regional, sostuvo que la lenta gestión estatal retrasa las intervenciones hasta cuando el daño ya está consumado.