Por Rocío Velazco C.

El avance de la minería ilegal agrava la inseguridad y fortalece redes criminales en la región

SEGÚN INFORME DEL IPE

La inseguridad ciudadana se consolidó en 2025 como la principal preocupación de los arequipeños. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), más de la mitad de los adultos en la región señaló a la delincuencia como el problema más grave del país, un incremento sostenido respecto a 2019, cuando solo el 43% la identificaba como su mayor inquietud. La percepción ciudadana coincide con una realidad estadística: los delitos aumentan, los mecanismos de control son insuficientes y el crimen organizado gana terreno, especialmente en zonas vinculadas a la minería ilegal.

DELINCUENCIA EMPEORA

Entre enero y noviembre de 2025, Arequipa registró 1,695 denuncias por hechos delictivos por cada 100 mil habitantes, un aumento de 5.7% respecto al mismo periodo de 2019, según cifras del Ministerio del Interior procesadas por el Instituto Peruano de Economía (IPE).

El dato más preocupante corresponde a las extorsiones, que se quintuplicaron en seis años: 29 denuncias por cada 100 mil habitantes, frente a solo seis en 2019. En tanto, los homicidios se triplicaron, pasando de menos de dos a cinco denuncias por cada 100 mil habitantes.

Los investigadores atribuyen este incremento no solo al deterioro de la seguridad pública, sino también a la expansión de economías ilícitas —como la minería ilegal— que operan bajo el control o influencia de redes criminales.

“Las extorsiones ya no se limitan al transporte o al comercio. Están llegando a sectores rurales, a pequeños empresarios y hasta a mineros informales que se niegan a pagar cupos”, explica un oficial de la Policía Nacional con experiencia en inteligencia en el sur del país. “Lo que antes era un delito esporádico, hoy tiene una estructura, con jefes, cobradores y enlaces que manejan dinero, armas y hasta información interna”, subrayan voceros del IPE.

MINERÍA ILEGAL VINCULADA AL CRIMEN

El vínculo entre la minería ilegal y la inseguridad en Arequipa es cada vez más evidente. En 2025, se registraron 112 denuncias por delitos vinculados a la minería ilegal, ocho veces más que las 14 reportadas en 2020, según datos del Ministerio Público.

La provincia de Arequipa concentra casi la mitad de estos casos, lo que la convierte en el principal foco de actividad minera informal e ilegal del sur peruano. De acuerdo con el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), la región cuenta con 157 yacimientos auríferos, el mayor número a nivel nacional.

Antes del proceso de exclusión del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), Arequipa también lideraba la cantidad de mineros inscritos, lo que revela la magnitud de la actividad extractiva informal, según documento elaborado por el IPE.

El incremento del precio internacional del oro durante 2024 y 2025 —impulsado por la inestabilidad geopolítica global— actuó como un fuerte incentivo para el resurgimiento de operaciones ilegales. “El oro se convirtió nuevamente en un refugio económico y, por ende, en una fuente de ingresos rápida y sin control para las mafias locales”, señala el economista arequipeño Luis Pastor, consultor en temas mineros.

En este contexto, las extorsiones vinculadas al control de yacimientos, transporte de material aurífero y venta de combustible se han multiplicado. En la provincia de Arequipa, los casos de extorsión pasaron de seis a 30 por cada 100 mil habitantes entre 2019 y 2025, lo que sugiere una relación directa entre ambas variables.

DEBILIDAD INSTITUCIONAL Y FALTA DE RESPUESTA

A pesar del aumento delictivo, los presupuestos destinados a seguridad pública en la región se redujeron significativamente en 2025. El Gobierno Regional de Arequipa recortó en 32% su inversión en orden público y seguridad, mientras que los gobiernos locales disminuyeron la suya en 3%, de acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Además, la ejecución presupuestal fue deficiente: apenas 76.8% de los recursos destinados a seguridad fueron utilizados, por debajo del promedio nacional (84.2%).

Estas limitaciones se reflejan en los déficits de infraestructura y equipamiento policial. Según datos de la PNP al cierre de 2024, solo el 48% de las comisarías de Arequipa tenía paredes, pisos y techos en buen estado. En varios distritos de Caylloma, Caravelí y Camaná, las comisarías funcionan en locales improvisados, sin conexión estable a Internet ni vehículos operativos para patrullaje.

La falta de articulación entre los municipios y la Policía Nacional agrava el panorama. El Sistema de Planificación y Control del Patrullaje Municipal (SIPCOP-M) —que conecta el GPS del serenazgo con la PNP— opera solo en 63% de las municipalidades provinciales y en 36% de las distritales. En consecuencia, la respuesta ante un hecho delictivo puede tardar más de 20 minutos en zonas urbanas y hasta una hora en áreas rurales.

INSEGURIDAD REGIONAAL

El fenómeno delictivo en Arequipa presenta características propias. Mientras en Lima o Trujillo la criminalidad está más asociada al sicariato y al narcotráfico, en Arequipa la minería ilegal y el contrabando de combustibles son los principales motores de la violencia.

En provincias como Caravelí o Condesuyos, se han detectado bandas que controlan zonas auríferas y cobran “derecho de extracción” a pequeños mineros. En otras zonas, como Camaná o Castilla, se extorsiona a transportistas o comerciantes bajo amenaza de ataques armados o incendios.

La Policía Nacional ha reportado además un crecimiento de las “extorsiones telefónicas” que utilizan información personal extraída de bases de datos ilegales o redes sociales. Estas modalidades buscan intimidar a familias y pequeños empresarios, exigiendo transferencias o pagos en efectivo bajo amenazas de secuestro o daño físico, precisan en el referido documento.

IMPACTO SOBRE LA ECONOMÍA Y LA CONVIVENCIA

El impacto económico de la inseguridad en Arequipa es cada vez más visible. La Cámara de Comercio e Industria de Arequipa estima que el costo de la delincuencia supera el 2.5% del PBI regional, considerando pérdidas directas, gastos en seguridad privada y caída de la inversión en sectores vulnerables.

El turismo, una de las principales fuentes de ingreso, también se ve afectado. “Hay hoteles que han tenido que contratar vigilancia las 24 horas o cerrar locales en el Centro Histórico por temor a robos”, revelan empresarios del sector.

En zonas rurales, los efectos son aún más graves. Comunidades que antes vivían de la pequeña minería o la agricultura enfrentan ahora la presencia de grupos armados que imponen su ley. El tejido social se debilita y la confianza entre vecinos se erosiona.

Para frenar la inseguridad, el informe del IPE propone fortalecer la capacidad de respuesta de la Policía Nacional mediante la modernización de su equipamiento y sistemas de inteligencia, así como la construcción y mejora de comisarías y penales mediante Obras por Impuestos (OxI) o Asociaciones Público-Privadas (APP).

Asimismo, la digitalización del patrullaje, la implementación de cámaras integradas con reconocimiento facial y el fortalecimiento del SIPCOP-M en todos los distritos serían pasos clave para mejorar la respuesta inmediata.

Arequipa enfrenta hoy una encrucijada: o refuerza su institucionalidad para contener la criminalidad o corre el riesgo de que la inseguridad se normalice como parte de la vida cotidiana. La minería ilegal y las redes de extorsión son solo los síntomas visibles de un problema más profundo: la ausencia del Estado en amplios sectores de la región.

Recuperar la seguridad ciudadana no será tarea de un solo gobierno ni de una gestión local. Implicará voluntad política, cooperación interinstitucional y la participación activa de la sociedad civil. Solo así Arequipa podrá revertir una tendencia que amenaza no solo la tranquilidad de sus habitantes, sino también su futuro como región competitiva y segura.