Por: Carlos Meneses

La violencia requiere firmeza, pero también justicia. Sin un equilibrio entre autoridad y equidad, el Estado corre el riesgo de perder el respaldo ciudadano que necesita para enfrentar con eficacia al crimen organizado.

El nuevo Decreto Supremo N.º 002-2026-MTC, que impone multas de hasta S/1.320 a motociclistas que circulen con acompañante en zonas bajo estado de emergencia, ha generado una fuerte polémica nacional. La medida, que busca frenar la ola de asesinatos y extorsiones que azota Lima y Callao, plantea una tensión evidente entre la necesidad de seguridad pública y el respeto a los derechos de movilidad y trabajo de miles de peruanos.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones argumenta que la restricción responde a un patrón delictivo reiterado: gran parte de los sicarios y extorsionadores actúan desde motocicletas con dos ocupantes. En los últimos meses, los ataques armados en estas unidades se multiplicaron, impulsando al Ejecutivo a prorrogar el estado de emergencia y endurecer las sanciones. En ese contexto, la decisión del MTC busca cortar uno de los mecanismos más usados por el crimen organizado.

Sin embargo, la aplicación de la norma revela problemas de enfoque y proporcionalidad. No todos los motociclistas son delincuentes, y en muchas zonas del país —especialmente en los sectores populares— la moto es el único medio de transporte, trabajo o sustento familiar. Penalizar con multas que alcanzan el 24% de una UIT o con sanciones superiores a S/8.000 por bloqueos de vías, sin distinguir entre infractores reincidentes y ciudadanos comunes, puede terminar afectando más al trabajador honesto que al criminal.

Además, la medida introduce confusión sobre los montos reales de pago: un motociclista podría pagar solo S/112 si cancela la multa en los primeros cinco días, o más de S/1.000 si reincide. Esta disparidad, aunque busca incentivar el pago rápido, genera una percepción de arbitrariedad en la ciudadanía y debilita la legitimidad de la norma.

La seguridad no puede construirse sobre la base de prohibiciones indiscriminadas. Si bien el Estado tiene la obligación de proteger la vida y la tranquilidad pública, también debe garantizar políticas que no criminalicen la pobreza ni castiguen al sector informal por defecto. Una respuesta sostenible exige fortalecer la inteligencia policial, el control de armas, la fiscalización del transporte informal y la identificación efectiva de bandas criminales, no solo imponer sanciones de manera general.