Por: Carlos Meneses

El debate presidencial que se avecina debe ser, entonces, una prueba de madurez política. Ni los candidatos ni las instituciones pueden desaprovechar esta oportunidad. El Perú necesita menos ruido y más sustancia; menos promesas y más visión. En un país cansado de la improvisación, el verdadero triunfo no será de un candidato, sino de la ciudadanía que logre votar informada.

El anuncio del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre la realización del debate presidencial antes de Semana Santa representa una oportunidad clave para recuperar la esencia del diálogo político en el Perú. En un contexto de desconfianza ciudadana, polarización y saturación de mensajes vacíos, este espacio no puede ser un espectáculo más: debe convertirse en un verdadero ejercicio democrático donde las ideas y no los gestos predominen.

El presidente del JNE adelantó que el organismo electoral trabaja en ajustes metodológicos y logísticos para garantizar un debate ordenado y útil. La propuesta de realizarlo entre el 23 y el 30 de marzo sugiere un calendario razonable, que permitiría a la ciudadanía escuchar, evaluar y contrastar las propuestas de quienes aspiran a dirigir el país. No obstante, el reto no radica solo en definir la fecha, sino en construir un formato que privilegie la claridad y la profundidad sobre la confrontación y el espectáculo.

El JNE parece consciente de esa responsabilidad. Burneo ha insistido en que la metodología buscará “privilegiar el debate” y “evitar confrontaciones innecesarias”. En una democracia tan erosionada por la crispación y la desinformación, esa afirmación no es menor. El país necesita menos frases efectistas y más diagnósticos serios sobre seguridad, empleo, salud y educación. Los electores merecen escuchar planes concretos y realizables, no simples promesas de campaña.

El debate presidencial debe también ser un ejercicio de rendición de cuentas. Quienes hoy buscan la presidencia tienen la obligación de explicar de qué manera sus propuestas serán financiadas, cómo piensan enfrentar la corrupción estructural y qué tipo de relación construirán con el Congreso. El JNE, por su parte, debe asegurar que el evento no se convierta en un intercambio caótico, sino en una plataforma de información que ayude al ciudadano a decidir con criterio.

La presentación de la segunda edición de la Guía contra la Desinformación, impulsada por el propio JNE, refuerza la relevancia de este proceso. En tiempos donde los contenidos falsos distorsionan el debate público, proteger la información veraz es proteger la democracia. Burneo lo resumió con acierto: “Combatir la desinformación no es limitar la libertad de información, sino fortalecerla”.