El Congreso de la República registró a séptima moción de censura contra José Enrique Jerí Oré, encargado de la Presidencia de la República. La iniciativa fue suscrita por representantes de diversas bancadas, quienes argumentan falta de idoneidad ética y política, mientras una reciente encuesta nacional revela que el 60% de la ciudadanía prefiere que Jerí continúe en el cargo.

La moción, presentada este 27 de enero de 2026, sostiene que Jerí incurrió en conductas consideradas incompatibles con los principios de transparencia y servicio público. Entre los firmantes figuran congresistas de Juntos por el Perú, la Bancada Socialista, Acción Popular, Renovación Popular y agrupaciones no alineadas.

El documento señala: “Proponemos la presente moción de censura contra el congresista José Enrique Jerí Oré, en su condición de presidente del Congreso de la República y encargado de la Presidencia de la República del Perú, por carecer de idoneidad ética y política para continuar ejerciendo dicho cargo”.

El texto detalla que el presidente del Congreso, cuando asume temporalmente la jefatura del Estado, queda sujeto a un estándar reforzado de responsabilidad. “El ejercicio transitorio de la Presidencia de la República no altera su condición de congresista ni lo exime del control político del Parlamento”, explica el documento. La moción recuerda que la figura de la censura es un mecanismo constitucional plenamente válido para exigir responsabilidades políticas.

Uno de los puntos centrales de la acusación es la existencia de reuniones no oficiales y no registradas entre Jerí y el empresario Zhihua Yang, cuya actividad económica podría incidir en decisiones estatales, así como con otros empresarios cuya trayectoria se considera cuestionable.

Según la moción, “estas reuniones se realizaron en locales privados e incluso en establecimientos clausurados, ocultando su identidad y sin registro en la agenda presidencial, vulnerando gravemente los principios de transparencia, rendición de cuentas y primacía del interés público”.

Para los promotores de la censura, estas conductas deteriora la confianza ciudadana y afecta la legitimidad del Congreso. “No puede tolerarse que la más alta autoridad del Parlamento y encargado del máximo cargo del Perú reproduzca lógicas de opacidad, privilegio y captura del Estado, contrarias al mandato constitucional de servicio a la Nación y a la lucha contra la corrupción”, señala el texto.