Declaran estado de emergencia hídrica. Ante la aparente inacción de las autoridades frente a la contaminación con metales pesados en el río Tambo, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paucarpata abrió una investigación preliminar de 30 días contra quienes resulten responsables por el presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. El proceso involucra principalmente a José Luis Barrezueta Reyes, exgerente regional de Gestión del Riesgo de Desastres (GRGRD), por el presunto incumplimiento de medidas preventivas durante el estado de emergencia hídrica declarado en la provincia de Islay a fines de 2024 e inicios de 2025.

PRELIMINARMENTE POR 30 DÍAS

Según la disposición fiscal N.° 01-2025, la investigación se basa en la presunta inacción de funcionarios regionales frente al Decreto Supremo N.° 077-2024-PCM, que declaraba en emergencia a los distritos de Islay por contaminación hídrica. La omisión habría dejado expuestos a más de 60 mil habitantes al consumo de agua contaminada sin que se ejecutaran acciones de mitigación sanitaria. Barrezueta Reyes desempeñó el cargo entre octubre de 2024 y octubre de 2025, periodo en el cual estuvo vigente el estado de emergencia.

Como parte de las diligencias, el Ministerio Público citó a declarar al consejero regional electo por Islay, Juan Huanca Molero, el próximo 17 de febrero de 2026. La citación responde al informe elaborado por la Comisión de Seguimiento de los decretos supremos de emergencia, que concluyó que no se implementaron medidas de respuesta durante la vigencia del estado de excepción. “Se hizo un informe final sobre la actuación del exgerente del COER y encontramos que no había hecho absolutamente nada”, señaló Huanca.

El informe recomendó iniciar un proceso administrativo sancionador y remitir los actuados al Ministerio Público para determinar responsabilidades penales. Según Huanca, la falta de acción configura omisión de funciones y exposición de personas a peligro, al no haberse atendido a la población pese a los diagnósticos que confirmaban afectación por metales pesados. “Para mí, como abogado, sí existió omisión de funciones e incluso exposición de personas a peligro”, afirmó.

La fiscalía solicitó además a la GRGRD los planes de trabajo y la identificación de los jefes de área responsables entre julio de 2024 y enero de 2025, con el fin de establecer si existió una desatención deliberada que agravó la crisis en Islay. Durante ese periodo, no se concretó la compra de equipos de ósmosis inversa ni se implementó un tratamiento médico para los afectados. De confirmarse el delito, los implicados podrían ser sancionados conforme al artículo 377 del Código Penal, por afectar la correcta administración pública y poner en riesgo la salud de la población.

En paralelo, el Consejo Regional de Arequipa promueve una propuesta para enfrentar la crisis sanitaria en Islay, que incluye mesas de trabajo interinstitucionales y la solicitud de una nueva declaratoria de emergencia en salud. La iniciativa busca priorizar la atención médica de los pacientes ya diagnosticados y destinar recursos para contratar especialistas y adquirir medicamentos.