Por Jorge Turpo R.

El mejoramiento de pistas y veredas en la asociación José María Arguedas costó más de S/ 13 millones y tiene grietas, veredas con desniveles y otros problemas. El órgano de control advierte que no debe ser recepcionada mientras no se corrijan los problemas detectados.

MALA INVERSIÓN

Una obra que debía mejorar la transitabilidad y la calidad de vida de cientos de vecinos en Cerro Colorado hoy genera más preocupación que alivio. La construcción de pistas y veredas en la Asociación de Vivienda José María Arguedas, ejecutada por la gestión del alcalde Manuel Vera Paredes, presenta serias deficiencias técnicas pese a haber costado más de 13 millones 800 mil de soles, según un informe reciente de la Contraloría General de la República.

El informe de control pone en evidencia una realidad incómoda: calles nuevas que ya muestran rajaduras, veredas con acabados deficientes y trabajos que no cumplirían con las condiciones mínimas de calidad exigidas para una obra pública de esa magnitud.

No se trata de detalles menores ni de observaciones superficiales. Son fallas que, de no corregirse a tiempo, podrían reducir la vida útil de la obra y obligar a nuevas inversiones con dinero público.

Entre los principales hallazgos figura la presencia de grietas y fisuras en el pavimento, visibles en varios tramos de la obra.

Estas rajaduras, de acuerdo con la Contraloría, no son normales en una infraestructura recientemente construida y podrían estar relacionadas con una mala ejecución o con deficiencias en los materiales utilizados. En términos simples: una pista nueva no debería romperse tan pronto.

El informe también advierte problemas en la calidad de las veredas, que presentan desniveles, superficies irregulares y acabados deficientes.

Esto no solo afecta la estética del barrio, sino que representa un riesgo para peatones, adultos mayores y personas con discapacidad. Una vereda mal hecha puede convertirse fácilmente en un foco de accidentes.

Otro aspecto observado es la deficiente compactación del suelo en algunos sectores. Aunque el término suene técnico, el problema es fácil de entender: si la base sobre la que se construye una pista o vereda no está bien preparada, el pavimento tiende a hundirse, quebrarse o deteriorarse con rapidez. Es, en pocas palabras, construir sobre terreno débil.

La Contraloría también señala inconsistencias en los acabados finales de la obra, así como la falta de uniformidad en algunos tramos.

Esto evidencia una ejecución apresurada o una supervisión insuficiente, especialmente grave si se considera el alto presupuesto destinado al proyecto. Cerca de catorce millones de soles no deberían traducirse en pistas parchadas ni veredas mal niveladas.

Más allá de las observaciones técnicas, el informe plantea una preocupación mayor: la posible afectación al uso eficiente de los recursos públicos. Cada sol invertido en una obra mal ejecutada es un sol que deja de destinarse a salud, educación o seguridad. Cuando las fallas aparecen tan pronto, el riesgo es que el municipio tenga que gastar nuevamente para reparar lo que ya se pagó.

La obra de pistas y veredas en la Asociación de Vivienda José María Arguedas fue presentada como una intervención clave para el desarrollo urbano del distrito. Sin embargo, los hallazgos de la Contraloría contrastan con ese discurso y obligan a preguntarse si la gestión municipal garantizó una adecuada supervisión técnica y un correcto control de calidad durante la ejecución.

¿QUIÉN HIZO LA OBRA?

La obra fue ejecutada por contrata. La empresa que ganó la licitación fue A&M Contratistas SRL, cuyo gerente es Manuel Manrique Ibárcena. El proyecto tuvo como primer residente de obra al ingeniero Domingo Chillitupa Paiva, quien posteriormente fue reemplazado por el ingeniero Marco Antonio Mendoza Ticona.

El cronograma original tampoco se cumplió. La obra se inició el 28 de junio de 2024 y debía concluir en diciembre de ese mismo año. Sin embargo, recién fue culminada en diciembre del año pasado, tras acumular tres ampliaciones de plazo, cuatro suspensiones y una cadena de problemas que prolongaron su ejecución por casi un año más de lo previsto.

Como ocurre en toda obra pública, también se contrató un servicio de supervisión. En este caso, la buena pro fue adjudicada a Carlos Humberto Mendoza Picoaga, por un monto de 297 mil soles. Este designó inicialmente como supervisor al ingeniero Luis Santos Zuluaga Meza, quien luego fue reemplazado por el ingeniero Luis Alberto Mamani Quispe.

Es en este punto donde surge la pregunta inevitable: ¿qué se supervisó realmente? ¿Por qué no se advirtieron a tiempo las múltiples deficiencias técnicas que hoy revela el informe de la Contraloría, pese a contar con un servicio de supervisión pagado con recursos públicos?

La Contraloría señala que la gestión del alcalde Manuel Vera Paredes debe exigir a la empresa contratista la entrega de una obra en buenas condiciones, conforme a lo establecido en el contrato. Precisa, además, que la obra aún no ha sido liquidada, razón por la cual no debería ser recepcionada mientras persistan las deficiencias detectadas.

La advertencia está hecha. Corresponde ahora a la municipalidad corregir lo que está mal antes de cerrar un proyecto que, pese a su millonario presupuesto, aún deja más dudas que certezas.

De no adoptarse medidas correctivas oportunas, las deficiencias podrían agravarse con el paso del tiempo, especialmente durante la temporada de lluvias y el tránsito constante de vehículos.

Los vecinos, que esperaban calles duraderas y seguras, hoy conviven con una obra que ya muestra signos de desgaste prematuro. Una pista mal hecha no solo se raja: también quiebra la confianza ciudadana.