Por Rocío Velazco

Videnza Instituto advierte que varias agrupaciones políticas presentan propuestas con un alto impacto fiscal que pondrían en riesgo la sostenibilidad del presupuesto nacional. Renovación Popular, Frente Esperanza y Perú Libre encabezan la lista con los mayores costos proyectados. El análisis invita a los electores a mirar más allá de las promesas y exigir realismo financiero en plena campaña electoral.

PROMESAS QUE CUESTAN CARO: ELEGIR BIEN, COMIENZA HOY

En plena carrera por las Elecciones Generales 2026, el Videnza Instituto encendió una alerta sobre la magnitud de las promesas electorales y su impacto en las arcas del Estado. Según su reciente estudio, los planes de gobierno de 15 partidos políticos implicarían un gasto incremental anual que oscila entre S/10.700 millones y S/65.300 millones, montos que podrían desbordar la capacidad fiscal del país si se implementaran sin ajustes.

El informe, titulado “Evaluación del costo fiscal de los planes de gobierno – Elecciones Generales 2026”, pone bajo la lupa las propuestas presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El objetivo: estimar cuánto costaría hacer realidad las promesas más concretas en sectores como transporte, salud, educación, seguridad y vivienda.

El resultado no deja indiferente. Renovación Popular, lidera la lista con un gasto incremental de S/65.311 millones, equivalente al 25% adicional del Presupuesto Público 2026, aprobado en S/257.600 millones. Le siguen Frente Esperanza, con S/61.468 millones (23,9% más del presupuesto), y Perú Libre, con S/59.503 millones. En el extremo opuesto se ubican Sí Creo, Obras y País para Todos, cuyos costos adicionales se mantienen por debajo del 5% del presupuesto nacional.

PROMESAS Y REALIDAD FISCAL

El estudio no busca juzgar la validez social o económica de las propuestas, sino determinar su viabilidad financiera. “El objetivo es identificar si los planes plantean medidas realistas y acordes con la situación fiscal del país o si presentan promesas irreales para el espacio fiscal disponible”, explica el documento.

En ese sentido, Videnza subraya que la discusión no es solo técnica, sino política: ¿puede el país financiar estas promesas sin afectar su estabilidad? En medio de una economía que crece lentamente y con una recaudación tributaria estancada, la respuesta parece compleja.

El análisis emplea una metodología rigurosa: incluye solo medidas cuantificables y con impacto presupuestal claro. Se excluyen las declaraciones genéricas, las reformas sin costo directo o las promesas imposibles de medir. “Cada sol estimado se basa en programas públicos existentes, referencias históricas y costos unitarios verificables”, detalla el instituto.

LOS MÁS COSTOSOS

Renovación Popular concentra la mayor parte de su gasto propuesto en transporte, con S/52.031 millones, seguido de salud (S/4.940 millones), interior (S/2.300 millones) y defensa (S/2.210 millones). Según Videnza, la magnitud de la inversión sugiere un ambicioso plan de infraestructura vial y ferroviaria.

En el caso de Frente Esperanza, el énfasis está en salud (S/21.662 millones), transporte (S/19.066 millones) y educación (S/9.480 millones). Su enfoque, más social, busca ampliar coberturas en servicios básicos, aunque con un costo fiscal alto.

Perú Libre, por su parte, plantea un gasto adicional de S/59.503 millones, dirigido principalmente a energía (S/13.095 millones), agricultura (S/11.700 millones) y salud (S/15.900 millones), con una fuerte apuesta por el fortalecimiento del Estado como motor de desarrollo.

Otras agrupaciones como Perú Primero (S/52.254 millones), Podemos (S/49.085 millones) y Alianza para el Progreso (S/48.018 millones) también figuran entre las que proyectan inversiones elevadas, especialmente en vivienda, infraestructura y empleo.

En contraste, Sí Creo (S/10.793 millones), Obras (S/10.892 millones) y País para Todos (S/10.944 millones) destacan por presentar planes más acotados y financieramente sostenibles, con propuestas centradas en justicia, educación y programas sociales.

¿REALISMO Y POPULISMO?

Los analistas advierten que, en época electoral, los números suelen pasar a segundo plano frente al entusiasmo de las promesas. Sin embargo, los costos revelados por Videnza deberían provocar un debate serio sobre el populismo fiscal y la responsabilidad en la gestión pública.

“El país no puede gastar lo que no tiene”, subraya el economista Gonzalo Alcalde, director del Instituto Videnza, “El presupuesto nacional ya está comprometido en más del 80% en gasto corriente. Proponer aumentos de 20% o 25% adicionales sin nuevas fuentes de ingreso es, simplemente, inviable”.

El informe recuerda que el espacio fiscal —la capacidad del Estado para aumentar el gasto sin poner en riesgo su estabilidad macroeconómica— es limitado. Cualquier incremento sostenido en el gasto requeriría mayores ingresos o endeudamiento. “Si las propuestas no vienen acompañadas de un plan de financiamiento, terminan siendo papel mojado”, señala Alcalde.

CIFRAS PARA PENSAR

El documento revela tendencias sectoriales comunes. Transporte, salud y educación concentran la mayoría de los costos, mientras que protección social, agricultura y vivienda aparecen con fuerza en propuestas de izquierda y centro. En tanto, los partidos de derecha apuestan más por infraestructura, seguridad y energía.

Si se sumaran todas las propuestas, el costo total superaría los S/578 mil millones, una cifra irreal que ilustra la magnitud de las promesas. Aunque cada partido gobernará solo si gana, el estudio evidencia un patrón preocupante: la desconexión entre el discurso electoral y la capacidad real del Estado.

MÁS ALLÁ DE LOS NÚMEROS

El análisis de Videnza no pretende desalentar la ambición política, sino promover un debate informado. En un país con brechas en salud, educación y transporte, es lógico que las agrupaciones propongan medidas ambiciosas. Pero la pregunta crucial es cómo financiarán lo prometido.

“El costo fiscal no debe ser visto como un freno, sino como una brújula”, explica Alcalde. “Los ciudadanos merecen saber cuánto cuesta lo que se promete y si el Estado puede sostenerlo. De eso trata la responsabilidad fiscal”.

El estudio también resalta la falta de transparencia en varios planes de gobierno, que no detallan montos ni fuentes de financiamiento. “Hay propuestas con buenas intenciones, pero sin números que las respalden. En campaña, eso puede sonar bien, pero en el gobierno se traduce en frustración y déficit”, advierte el informe.

ELECCIONES Y SOSTENIBILIDAD

Con las elecciones del 2026 cada vez más cerca, la sostenibilidad fiscal se convierte en un tema central. El gasto público ya enfrenta presiones por la deuda interna, el aumento del gasto social y la necesidad de mantener la inversión en infraestructura.

“El próximo gobierno recibirá un presupuesto limitado y una ciudadanía impaciente”, apunta el economista Rafael Ugaz. “La viabilidad de las propuestas dependerá de su realismo, no de su popularidad. Prometer más de lo que se puede cumplir es un error que el país ya ha pagado caro”.

Videnza propone que los partidos incorporen un anexo fiscal obligatorio en sus planes de gobierno, donde expliquen no solo los costos, sino también cómo se financiarán. Esto permitiría comparar propuestas en igualdad de condiciones y fortalecer la rendición de cuentas.

En tiempos de desconfianza política y fatiga económica, el informe del Videnza Instituto actúa como un recordatorio de que votar bien también es votar informado. La sostenibilidad fiscal no es un tecnicismo: es la base para que cualquier promesa se convierta en realidad.

A menos de tres meses del inicio oficial de la campaña, los electores tienen ante sí un reto crucial: distinguir entre propuestas posibles y promesas imposibles. Los números, más que los discursos, serán los que determinen el futuro del país.