Presidente José Jerí, investigado por el Ministerio Público. Ministerio Público investiga reuniones en Palacio de Gobierno y posteriores contratos en entidades del Estado. Caso está a cargo de la fiscal Roxana Espinoza Páucar y personal de la DIRCOCOR.

El Ministerio Público abrió una investigación preliminar por presuntas contrataciones irregulares de jóvenes profesionales en distintas entidades del Estado, luego de que sostuvieran reuniones privadas con el presidente José Jerí en Palacio de Gobierno. La medida se da tras la difusión de un reportaje televisivo que reveló registros de visitas y posteriores vínculos laborales con dependencias públicas.

De acuerdo con información obtenida por RPP, la investigación fue encargada a la fiscal provincial Roxana Espinoza Páucar, quien tendrá a su cargo el desarrollo de las diligencias junto con agentes de la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR) de la Policía Nacional.

El caso fue abierto “contra los que resulten responsables” por la presunta comisión del delito contra la administración pública en agravio del Estado. Según la disposición fiscal, las diligencias incluirán la verificación de los registros de visitas al Despacho Presidencial, la revisión de los contratos suscritos, y la toma de declaraciones de los involucrados y de los funcionarios que aprobaron las contrataciones.

LOS HECHOS

Un reportaje del programa dominical Cuarto Poder dio a conocer que al menos cinco mujeres, de entre 29 y 38 años, visitaron Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente José Jerí en distintas fechas. Días después de esos encuentros, sus nombres aparecieron vinculados a contratos con ministerios, programas sociales y empresas del Estado.

Los registros de visitas, que son públicos, muestran ingresos en horas de la tarde y reuniones catalogadas como “privadas” o “de carácter reservado”. Tras ello, las jóvenes fueron contratadas bajo distintas modalidades de servicios, principalmente por locación, en oficinas públicas de Lima y provincias.

La Fiscalía solicitará a la Secretaría General de la Presidencia los documentos y correos internos que den cuenta de la naturaleza de dichas reuniones. Además, pedirá información detallada al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) sobre los procedimientos de contratación seguidos en cada caso.

POSIBLES RESPONSABILIDADES

Fuentes del Ministerio Público indicaron que, de hallarse indicios de responsabilidad penal del jefe de Estado, el caso será derivado al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, dado que la Constitución establece que solo él puede realizar diligencias contra el presidente en funciones.

Mientras tanto, la fiscal Espinoza Páucar conducirá las primeras actuaciones respecto a funcionarios de menor rango y posibles intermediarios en los procesos de contratación. También se prevé solicitar los contratos, órdenes de servicio y comprobantes de pago correspondientes.

El abogado especialista en contrataciones del Estado, José Trelles, señaló que este tipo de reuniones previas pueden configurar un conflicto de interés.

“El mandatario no debería participar en reuniones con profesionales que luego van a prestar servicios al Estado. Esas gestiones deben canalizarse a través de las unidades de apoyo o línea de la Presidencia”, afirmó.

REACCIÓN POLÍTICA

Desde el Congreso, legisladores de distintas bancadas exigieron explicaciones al Ejecutivo. La congresista María Alcázar (Avanza País) pidió que el presidente Jerí transparente la agenda completa de sus reuniones y la naturaleza de los contratos. “El país necesita claridad. Si hubo un proceso regular, que se demuestre con documentos; si no, corresponde asumir las responsabilidades”, manifestó.

En tanto, el portavoz de Alianza para el Progreso, Víctor Gómez, solicitó la presencia del jefe del Gabinete Ministerial en el Parlamento para explicar las acciones adoptadas frente a estas revelaciones.

“No es la primera vez que se cuestionan contrataciones vinculadas a altos funcionarios. La confianza se construye con hechos, no con silencios”, advirtió.

Hasta el cierre de esta edición, la Presidencia de la República no emitió un pronunciamiento oficial sobre la investigación fiscal. Sin embargo, fuentes del entorno del mandatario indicaron que todas las reuniones se realizaron “en el marco de las actividades protocolares y sin ningún vínculo posterior con contrataciones públicas”.

El caso se suma a otras indagaciones abiertas por el Ministerio Público respecto a presuntas irregularidades administrativas en distintas entidades del Estado durante los primeros meses de gestión de José Jerí. La investigación preliminar tendrá un plazo inicial de 60 días, tiempo en el que la Fiscalía deberá determinar si existen elementos suficientes para ampliar las diligencias o formalizar la investigación preparatoria.

El país vuelve a observar con atención el comportamiento del poder. Cada nuevo indicio de favoritismo o tráfico de influencias erosiona la confianza en las instituciones. La transparencia no puede ser una promesa de campaña, sino una práctica diaria.