ONPE fiscaliza recursos de partidos políticos.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició un proceso de supervisión presencial a diez partidos políticos que recibieron financiamiento público directo, con el fin de verificar que los recursos entregados por el Estado se hayan utilizado conforme a lo dispuesto en la Ley de Organizaciones Políticas.

Las visitas de control se realizan en el marco de la rendición de cuentas correspondiente al año fiscal 2025 y alcanzan a las agrupaciones que obtuvieron representación parlamentaria en las elecciones generales de 2021. Estas son: Perú Libre, Fuerza Popular, Renovación Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Juntos por el Perú, Somos Perú, Podemos Perú y Partido Morado.

De acuerdo con la norma vigente, el financiamiento público directo tiene como propósito fortalecer la institucionalidad de los partidos y promover su desarrollo democrático. La ley establece que hasta el 50% de los fondos puede destinarse a gastos de funcionamiento, tales como alquileres, contratación de personal, servicios, adquisición de bienes o asesoría legal. El otro 50%, como mínimo, debe emplearse en actividades de formación, capacitación e investigación, con enfoque en igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres.

Durante las supervisiones, los auditores de la ONPE revisan exhaustivamente la documentación financiera de las organizaciones: libros contables, actas, manuales internos, presupuestos, comprobantes de pago, contratos, registros de caja chica y movimientos bancarios, entre otros. También se analizan los soportes de los gastos realizados con recursos públicos, a fin de verificar su pertinencia y transparencia.

Al finalizar cada visita, se elabora un acta de supervisión firmada por representantes de la ONPE y del partido político, donde se registran posibles observaciones o infracciones. Las agrupaciones disponen de cinco días hábiles para subsanarlas. Posteriormente, la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios emite un informe técnico que puede derivar en un procedimiento sancionador si se detectan irregularidades.

Tanto los informes como las rendiciones de cuentas serán publicados en la plataforma digital CLARIDAD, de acceso público, como parte de la política de transparencia y fiscalización del financiamiento político.