Por Carlos Meneses

El próximo 12 de abril, el país necesita un voto informado, libre y pacífico. Que Arequipa —cuna de debates y de ciudadanía activa— dé el ejemplo, reafirmando que la pasión política puede convivir con la serenidad democrática. Solo así, el proceso electoral cumplirá su verdadero propósito: fortalecer la voluntad popular y la confianza en el futuro del Perú.

El reciente informe del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que coloca a Arequipa entre las nueve regiones con mayor riesgo de conflictividad electoral debe tomarse con seriedad. La advertencia no es un simple diagnóstico técnico: es una señal de alerta que llama a la responsabilidad de autoridades, candidatos y ciudadanía a menos de tres meses de las Elecciones Generales 2026.

La región ha sido, históricamente, uno de los escenarios más activos y politizados del país. Su población, crítica y vigilante, ha participado intensamente en los procesos democráticos, pero también ha protagonizado episodios de tensión y enfrentamiento. Las elecciones del 2021 dejaron como saldo disturbios entre simpatizantes, denuncias de propaganda ilegal y brotes de violencia verbal y física en varios distritos. Hoy, los ingredientes que el JNE identifica —inseguridad ciudadana, desinformación y ataques a candidatos— configuran un escenario que no puede repetirse.

La democracia se sostiene en el respeto a la diferencia y en la confianza en las instituciones electorales. Si esa confianza se erosiona, el voto pierde su valor simbólico y real. En tiempos de redes sociales, la desinformación es un arma que puede alterar percepciones y desatar conflictos antes, durante y después de los comicios. Ya se han detectado mensajes falsos que ponen en duda la transparencia del proceso o la designación de miembros de mesa, lo que exige respuestas inmediatas y coordinadas de las entidades competentes.

Por ello, resulta clave la labor preventiva que vienen realizando el Jurado Electoral Especial de Arequipa, la Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional. No basta con reaccionar ante los incidentes; es necesario anticiparlos. Las comisiones interinstitucionales instaladas en la región deben funcionar con celeridad y mantener un flujo constante de información con los municipios y organizaciones civiles.

Los candidatos, por su parte, tienen la responsabilidad de conducir campañas limpias, sin provocaciones ni discursos que alimenten la confrontación. La ciudadanía debe asumir su rol de vigilante, pero también de garante del respeto mutuo. Arequipa ha demostrado, una y otra vez, su madurez política. No puede permitir que la violencia ni el descrédito empañen su voz en las urnas.