El presidente interino José Jerí contará con un abogado pagado con dinero público para que asuma su defensa durante la investigación preliminar que la Fiscalía de la Nación lleva en su contra por sus reuniones privadas con empresarios chinos, entre ellos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong. Así lo confirma una resolución de la Subsecretaría General de la Presidencia, que revela que fue el propio mandatario quien solicitó que el Estado cubra los gastos legales.

PARA ENFRENTAR INVESTIGACIÓN POR CASI CHIFAGATE

Según el documento, el pedido fue presentado el 29 de enero, apenas unos días después de que el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, dispusiera la apertura de investigación por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias agravado, ambos en agravio del Estado.

“Por Solicitud s/n recibida el 29 de enero de 2026, el señor José Enrique Jerí Oré, presidente de la República en funciones, solicita se le brinde defensa y asesoría legal por haber sido comprendido en una investigación según Carpeta Fiscal N.° 15-2026 de la Fiscalía de la Nación”, se lee en la resolución oficial.

El caso, que ha sido bautizado en redes como el “Chifagate”, surgió tras la difusión de imágenes que muestran a Jerí en una cena privada con el empresario Zhihua Yang el 26 de diciembre de 2025, en un restaurante de San Borja. La reunión no fue registrada oficialmente, pese a que Yang mantenía intereses empresariales en proyectos

DEFENSA PAGADA CON FONDOS PÚBLICOS

Aunque la aprobación para que Jerí cuente con un abogado financiado por el Estado ya fue emitida, aún no se ha determinado el monto que se destinará ni quién asumirá la representación legal del mandatario.

Fuentes del Despacho Presidencial explicaron que la siguiente etapa consiste en realizar un estudio de mercado para definir los honorarios referenciales de abogados especializados en casos penales de alta complejidad. Solo después de ese proceso se emitirá la orden de contratación.

Sin embargo, informes previos de Infobae Perú sobre situaciones similares —como las defensas legales de exministros del Interior y jefes policiales investigados— señalan que estas contrataciones suelen realizarse bajo designación directa, es decir, sin concurso público. En esos casos, el funcionario investigado propone o aprueba directamente al abogado que lo representará.

En el caso de Jerí, aún no se ha revelado si la elección se realizará bajo ese mecanismo ni si habrá supervisión de la Contraloría General de la República.

REUNIONES CUESTIONADAS

El presidente Jerí ya fue interrogado por la Fiscalía en Palacio de Gobierno el 30 de enero. La diligencia estuvo a cargo del fiscal Gálvez, quien acudió con su equipo a recoger la declaración del mandatario. Jerí ejerció su derecho a realizar la diligencia en su despacho y asistió acompañado de su abogado particular.

El interrogatorio se centró en las reuniones que el jefe de Estado sostuvo con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong. Ambos figuran en registros de visitas a Palacio, aunque en fechas distintas, y están vinculados a proyectos de infraestructura energética y forestal en el país.

De acuerdo con las investigaciones, Yang habría solicitado al Ministerio de Energía y Minas postergar el inicio de obras de la estación hidroeléctrica Pachachaca 2, administrada por su empresa Hidroeléctrica América, pocos días antes de su encuentro con el mandatario.

Por su parte, Ji Wu Xiaodong cumple arresto domiciliario por el presunto delito de tráfico ilegal de madera y vínculos con la organización criminal Los Hostiles de la Amazonía. Registros preliminares de la Fiscalía indican que ingresó a Palacio en al menos tres ocasiones, acompañado por Yang.

VERSIÓN DEL MANDATARIO

Durante su declaración, Jerí afirmó que el encuentro con Zhihua Yang fue de carácter “protocolar” y que se enmarcó en la celebración del “Día de la Amistad Perú-China”, evento que —según él— forma parte de su agenda para fortalecer las relaciones bilaterales. Justificó la ausencia de registro de la cita alegando que se trató de una “reunión social” y no de trabajo formal.

Pese a sus explicaciones, la Fiscalía busca determinar si existieron gestiones irregulares o beneficios indebidos derivados de esas reuniones no reportadas. Las indagaciones incluyen la revisión de comunicaciones entre funcionarios del Despacho Presidencial y empresarios asiáticos, así como la verificación de eventuales contratos o postergaciones de proyectos en sectores bajo supervisión del Ejecutivo.

La decisión de financiar con dinero público la defensa del presidente Jerí ha generado críticas en el Congreso y entre analistas constitucionalistas, quienes advierten un posible conflicto ético y legal. “El patrocinio del Estado no debería cubrir actos personales o presuntamente ilícitos, sino únicamente actuaciones propias de la función pública”, señaló el abogado penalista Luis Salazar.

Mientras tanto, el Ministerio Público continúa reuniendo información sobre las reuniones del mandatario y las contrataciones de su entorno cercano, entre ellas las de Andrea Vidal y Yaziré Pinedo, jóvenes profesionales que obtuvieron cargos de confianza pese a su limitada experiencia, lo que originó una crisis política a inicios de año.

El caso Jerí, aún en etapa preliminar, podría convertirse en uno de los procesos más delicados de la actual administración, al involucrar el uso de recursos públicos en beneficio personal y posibles nexos irregulares con empresarios extranjeros.