La Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar contra el presidente José Jerí por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias, a raíz de supuestas contrataciones irregulares en el Estado de jóvenes que habrían sostenido reuniones con el mandatario en Palacio de Gobierno.

De acuerdo con la disposición firmada por el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, las diligencias tendrán una duración de 90 días e incluirán la declaración del presidente Jerí, programada para el 2 de marzo a las 2:30 p.m. en Palacio de Gobierno. Según el documento fiscal, se busca determinar si el jefe de Estado habría ejercido influencia sobre funcionarios para facilitar la contratación de 11 personas, de las cuales nueve ingresaron a laborar en el Despacho Presidencial y dos en otras dependencias del Ejecutivo.

Fuentes del Ministerio Público confirmaron que la indagación se originó tras denuncias periodísticas y reportes de seguimiento que daban cuenta de vínculos entre los jóvenes contratados y las actividades del entorno cercano al presidente. Las diligencias incluirán la recopilación de documentos administrativos, entrevistas a los presuntos beneficiados y declaraciones de los funcionarios encargados de los procesos de selección.

La defensa legal del mandatario informó que fueron notificados formalmente el martes y que ya se apersonaron al expediente fiscal. “Estamos colaborando con absoluta transparencia y confiamos en que se esclarecerán los hechos”, señalaron los abogados del jefe de Estado.

Esta es la segunda investigación abierta por la Fiscalía de la Nación contra José Jerí. La primera, iniciada semanas atrás, está vinculada a sus reuniones extraoficiales con empresarios chinos, en las que se indaga un presunto patrocinio ilegal y tráfico de influencias. En aquella ocasión, el mandatario admitió haber cometido “un error político” por realizar encuentros fuera de Palacio, pero negó haber incurrido en delito alguno.

Pese a las investigaciones, el presidente Jerí continúa desarrollando actividades oficiales. El jueves presentó el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana durante la primera sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), reafirmando su compromiso con la lucha contra la inseguridad y el fortalecimiento institucional.

El Ministerio Público deberá definir, una vez concluido el plazo de 90 días, si los indicios recopilados son suficientes para formalizar una investigación preparatoria o archivar el caso. Entretanto, el proceso judicial se suma al complejo escenario político que enfrenta el mandatario, a pocos días de que el Congreso de la República del Perú debata una moción de censura en su contra.