El presidente interino José Jerí promulgó el Decreto Legislativo N.º 1739, que incorpora al Código Penal el nuevo delito de “revelación de información reservada”, dirigido a sancionar a funcionarios y servidores públicos que filtren datos sensibles de investigaciones por extorsión, secuestro o sicariato.

La norma generó inicialmente preocupación por un posible uso contra periodistas y medios de comunicación; sin embargo, el texto aclara que la difusión de información reservada por parte de la prensa no constituye delito ni participación delictiva cuando se realice en ejercicio de la libertad de información y de prensa.

Asimismo, el decreto exime de responsabilidad penal a los funcionarios que revelen información con el objetivo de denunciar públicamente hechos que puedan constituir un delito de persecución pública, protegiendo así los actos de denuncia ciudadana o institucional.

De acuerdo con el nuevo artículo incorporado al Código Penal, la sanción recaerá en los servidores públicos que, teniendo acceso a información reservada sobre procesos penales en trámite, filtren el contenido de denuncias, la identidad del denunciante o las diligencias policiales o fiscales antes de su ejecución. La pena será de entre 5 y 7 años de prisión, además de inhabilitación y multa de entre 180 y 368 días.

El Decreto Legislativo 1739 también establece agravantes que elevan la pena a entre 7 y 10 años de cárcel cuando las filtraciones generen un riesgo concreto para las diligencias, comprometan la seguridad del denunciante o sean utilizadas con fines económicos o delictivos, como entregar la información a una organización criminal o usarla para amenazar a terceros.

Esta medida forma parte del paquete de normas aprobadas por el Ejecutivo en el marco de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso (Ley N.º 32527). Entre ellas destacan: el Decreto Legislativo 1731, que incorpora el delito de exigencia extorsiva; el 1734, que refuerza la reserva de información en estados de emergencia; y el 1735, que crea el Subsistema Especializado contra la Extorsión y sus delitos conexos.

El Gobierno busca con este conjunto de decretos reforzar la lucha contra la delincuencia organizada y proteger la integridad de las investigaciones fiscales, garantizando a la vez el pleno respeto a la libertad de prensa.