Arrojar basura y residuos sólidos en los cauces de torrenteras y ríos ya no es solo una falta administrativa, sino un delito penal que puede ser sancionado con hasta cuatro años de prisión efectiva, advirtió la fiscal de Prevención del Delito, Ana Cecilia Cordero Echenique, durante un pronunciamiento público dirigido a la ciudadanía.

La magistrada explicó que una reciente modificación del Código Penal tipifica el “peligro por arrojo de basura” como un delito de peligro común, el cual contempla penas privativas de la libertad no menores de dos años, incrementándose hasta cuatro años cuando el arrojo se realiza utilizando camiones u otros vehículos.

En ese sentido, la fiscal informó que ya se vienen recibiendo denuncias formales por este tipo de conductas, citando un caso ocurrido en el distrito de Socabaya, donde se reportó el vertimiento de residuos directamente al cauce de un río, hecho que actualmente se encuentra bajo evaluación fiscal.
“Es lamentable llegar a la penalización de una conducta que debería corregirse solo con sanciones administrativas, pero la gravedad del riesgo obliga a actuar con firmeza”, sostuvo la representante del Ministerio Público, exhortando a la población a evitar estas prácticas que agravan las emergencias durante la temporada de lluvias.

Consultada sobre la situación registrada en la zona de Uchumayo, donde se han reportado problemas vinculados al tránsito interprovincial y acumulación de residuos, Cordero Echenique precisó que la Fiscalía de Turno ya coordina acciones inmediatas con la Policía Nacional del Perú.

Asimismo, señaló que no se descarta poner estos hechos en conocimiento de la Contraloría General de la República, debido a que también se estaría evaluando la forma en que se ejecutaron determinadas obras viales que hoy presentan deficiencias y afectan la transitabilidad.

La fiscal aclaró que el delito se configura específicamente cuando personas naturales o jurídicas arrojan residuos a las torrenteras o cauces de agua, mientras que la limpieza de la basura acumulada en la vía pública es una obligación directa de las municipalidades distritales y provinciales.

En cuanto al procedimiento para presentar una denuncia, indicó que los ciudadanos pueden acudir a las fiscalías penales de turno o a la comisaría del sector, recomendando hacerlo con pruebas como fotografías o videos que permitan identificar claramente los hechos y, de ser posible, la placa del vehículo involucrado.

De otro lado, el Ministerio Público informó que, si bien ya se culminó la fase de preparación frente a la temporada de lluvias, actualmente se encuentran en una etapa de respuesta ante emergencias extraordinarias, dado que el volumen de precipitaciones ha superado los niveles registrados en años anteriores

En ese contexto, la Fiscalía reiteró su coordinación permanente con la Policía Nacional del Perú PNP ante denuncias relacionadas con tránsito y transitabilidad, independientemente de los informes emitidos por la Contraloría sobre obras públicas con presuntas deficiencias.

Finalmente, se hizo un llamado urgente a la población para no exponer a sus familias cruzando zonas inundadas, ya que ello podría configurar el delito de exposición de personas al peligro, y se recordó a las autoridades municipales su obligación de fiscalizar y evitar construcciones indebidas en los cauces de torrenteras, a fin de reducir riesgos durante las lluvias.