Por Carlos Meneses

Como bien advirtió Quispe Gutiérrez: “La priorización está hecha, pero el reto es financiarla”. Esa frase resume la paradoja del GRA: proyectos listos, pero sin dinero suficiente para ejecutarlos. Arequipa requiere continuidad, planificación técnica y gestión eficiente para no seguir acumulando obras a medio camino ni perder otro año en la inercia presupuestal.

El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) inicia su último año de gestión con un desafío financiero que amenaza con dejar en el aire buena parte de su cartera de obras priorizadas. De un presupuesto institucional modificado de S/2972 millones, el 64 % —equivalente a S/1835 millones— se destina al pago de sueldos, mantenimiento de servicios y otros gastos corrientes. Solo S/640 millones quedan disponibles para inversión pública, una cifra insuficiente para atender los 112 proyectos programados por la gestión regional.

El diagnóstico es claro: la estructura presupuestal del GRA está sobredimensionada en gasto corriente y comprimida en inversión. Mientras la población exige más hospitales, colegios, vías seguras y sistemas de riego, la mayor parte del dinero se consume en sostener una planilla que, año tras año, crece sin un análisis profundo de su productividad o impacto.

Según la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial (ORPPAT), la ejecución de los proyectos priorizados requiere al menos S/684 millones, pero los fondos actuales no alcanzan. El jefe de la entidad, Richar Quispe Gutiérrez, reconoce los esfuerzos por gestionar recursos adicionales ante el Ministerio de Economía y Finanzas y reorientar saldos de balance. Sin embargo, las limitaciones estructurales persisten. No todos los pedidos prosperan, y el riesgo de paralización de obras es latente.

La situación se agrava porque los mecanismos de financiamiento alternativo, como los convenios con ministerios o el uso de fondos de compensación, son lentos y burocráticos. Si bien se ha logrado destinar S/1.5 millones del Foncor al sector Salud, y se espera una transferencia de S/10 millones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para el Proyecto Majes-Siguas, estos montos son apenas paliativos frente a las verdaderas demandas de inversión que Arequipa necesita.

El panorama obliga a una reflexión urgente sobre la eficiencia del gasto público. No se trata solo de gestionar más recursos, sino de reestructurar prioridades y evaluar si el tamaño del aparato administrativo regional responde a las necesidades reales de la población.