A solo un día de la destitución de José Jerí Oré, el Congreso de la República eligió como nuevo presidente del Parlamento —y, por sucesión constitucional, como jefe de Estado— al legislador José María Balcázar Zelada, en una votación marcada por intensas negociaciones entre bancadas y divisiones internas. La decisión sorprendió a los analistas políticos, pues la expectativa inicial colocaba a María del Carmen Alva (Acción Popular) como la principal favorita para asumir el cargo.

La elección, sin embargo, respondió más a un cálculo político de equilibrio que a un alineamiento ideológico. En un Congreso altamente fragmentado, donde ninguna bancada tiene mayoría absoluta, la candidatura de Balcázar —de perfil más moderado y bajo tono confrontacional— resultó más atractiva para los grupos que buscaban evitar nuevas tensiones tras la abrupta salida de Jerí. Para varios parlamentarios, su designación representaba una opción “menos polarizante” y capaz de garantizar cierta estabilidad temporal.

Por el contrario, el nombre de María del Carmen Alva despertaba resistencias significativas en varios sectores, especialmente en la izquierda y el centro. Su anterior gestión como presidenta del Congreso, entre 2021 y 2022, estuvo marcada por fuertes enfrentamientos con el Ejecutivo y acusaciones de autoritarismo, episodios que aún pesan en la memoria de muchos legisladores. Además, su imagen pública se ha visto deteriorada por polémicas declaraciones y acusaciones de maltrato verbal en el hemiciclo, factores que limitaron sus posibilidades de construir consensos.

Durante las horas previas a la votación, circularon versiones de intensas negociaciones entre bancadas, con propuestas de apoyo cruzado para definir comisiones y futuras coordinaciones políticas. Sin embargo, dichas conversaciones no lograron consolidar un bloque sólido en torno a Alva. En ese escenario de dispersión, Balcázar logró capitalizar apoyos de sectores disímiles —desde independientes hasta representantes de izquierda moderada— que coincidieron en priorizar la gobernabilidad por encima de la afinidad partidaria.

El resultado final fue interpretado como una decisión pragmática, más que programática. En un Parlamento desgastado y con escasa legitimidad ante la ciudadanía, los legisladores apostaron por un perfil discreto, capaz de dialogar y proyectar una imagen de contención institucional.

Así, la elección de José María Balcázar no implica necesariamente una recomposición profunda de las fuerzas políticas, pero sí evidencia la lógica de supervivencia que impera en el Congreso: en tiempos de crisis, la prioridad no es la ideología, sino la estabilidad.