Por: Edgard Lajo Paredes

En este artículo no se va a cuestionar los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tampoco los laudos arbitrales del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), pero sí vamos a llamar la atención de los ingentes recursos a gastar por el Estado peruano (con dinero del pueblo) para indemnizar a víctimas de violación de derechos humanos, como a contratistas por presuntos incumplimientos de contratos con empresas privadas por parte del Estado.

Los casos de violación de DDHH, se originaron en el gobierno de Alberto Fujimori, quien el 05 de abril de 1992, perpetró un autogolpe de Estado, cerrando inconstitucionalmente el Parlamento Nacional, reemplazando el régimen político de democracia por el de autocracia, con el pretexto de reconstruir el país agobiado por la crisis económica de los gobiernos de Fernando Belaúnde y Alan García, y terrorismo del Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru – MRTA.

En el segundo gobierno, Alan García, hizo público su disconformidad con la decisión de la CIDH, de haber condenado a Perú y dispuesto el pago de indemnización de 20 millones de dólares a favor de familiares de 41 integrantes de Sendero Luminoso, fallecidos en la cárcel en medio de un motín; luego, informó haber 1208 casos por los cuales el Perú podría ser condenado; culpó al gobierno de Alejandro Toledo, por el gravísimo error de acatar las sentencias de la CIDH en todos los procesos vinculados con el terrorismo.

En la actualidad, nuestro país, corre el riesgo de asumir pagos de varios miles de millones de dólares, esta vez, a favor de empresas privadas mayormente extranjeras, por posibles incumplimientos de contratos de obras y otros, incurrido por los gobiernos del 2011 a la fecha. De ello nos advierte Alfredo Palacios Dongo, quien escribió: “Las demandas por arbitrajes internacionales nos siguen pasando enorme factura”, dice:

“Durante 2024 se presentaron cuatro demandas ante el CIADI: Gas Natural de Lima y Callao (US$ 200 millones), Gasoducto Sur Peruano (US$ 194 millones), Concesionaria Angostura Siguas (US$ 1 400 millones) y Cervecería Backus S/ 1 600 millones)”.

Continúa, “Durante 2025, en marzo, la empresa Brookfield demandó una restitución de US$ 2 700 millones por Rutas de Lima y, en noviembre, la empresa colombiana Promigas inició otra demanda por controversias tarifarias con Osinergmin, que podría afectar la concesión norte que beneficia a 1,2 millones de personas y 100 industrias en Áncash, La libertad, Lambayeque, Cajamarca y Piura”. Prosigue. Palacios, “Lo más grave es que, durante este año 2026, no ha pasado ni mes y medio y ya tenemos más problemas de arbitrajes que nos siguen pasando enorme factura: el 19 de enero, la minera canadiense Lupaka Gold Corp ha amenazado con embargar activos del Estado, incluidos futuros pagos de deuda, barcos y bienes inmuebles, por haber ganado en el CIADI un laudo contra el Perú por US$ 67 millones; pero el Gobierno no ha pagado”; agrega, “El 20 de enero, la compañía Unna Energía, subsidiaria del grupo Aenza, presentó una solicitud de arbitraje internacional ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC) contra Perúpetro, por controversias en los lotes III y IV”; finalmente, señala, “somos el tercer país más demandado en la historia del CIADI”.

No solo es el costo del pago de estos elevados montos, de perder los arbitrajes, también se debe considerar el costo de los estudios jurídicos internacionales contratados para la defensa jurídica del Estado peruano en los entes arbitrales mundiales; además, de implicar paralización de obras, disminución de la inversión privada, afectación al presupuesto nacional como el desprestigio a la imagen del país. Una vez más el Congreso de la República no ejerce su función de fiscalización a cabalidad.