La emergencia por lluvias en Arequipa no solo dejó cuantiosos daños materiales, sino que también evidenció fallas estructurales en la coordinación entre autoridades, el control de edificaciones en zonas de riesgo y la gestión preventiva frente a desastres. Ante este escenario, la Fiscalía de Prevención del Delito exhortó a los gobiernos locales y regionales a articular mejor su respuesta.

Durante la emergencia, la Fiscalía recibió al menos diez denuncias de vecinos que aseguran no haber recibido apoyo municipal pese a haberlo solicitado. La fiscal Ana Cecilia Cordero Echenique atribuyó esta situación a problemas de coordinación. “El Ministerio Público ha verificado que sí se efectuaron limpiezas en torrenteras; de lo contrario, estaríamos peor. Ahora estamos ante un problema de respuesta y articulación. Todas las autoridades están respondiendo, pero la actuación no es coordinada y eso afecta la eficacia frente a la emergencia”, señaló.

La desarticulación también se evidenció en las versiones contradictorias sobre la entrega y uso de maquinaria pesada asignada a la Municipalidad Provincial de Arequipa. Desde el Gobierno Regional se sostuvo que los equipos no eran utilizados por falta de operarios, motivo por el cual les fueron quitado. En cambio, la comuna provincial afirmó que el equipamiento fue devuelto el 21 de febrero, tras concluir el convenio de cesión suscrito a fines de 2023. Frente a estas discrepancias, el Ministerio Público solicitó informes para determinar eventuales responsabilidades.

Adicionalmente, algunas denuncias ciudadanas apuntan a presuntas intervenciones irregulares en cauces de torrenteras, como la construcción de un muro en Yanahuara que habría agravado los daños. También se mencionan obras ejecutadas en 2020, en el tramo entre el colegio Lord Byron y el complejo habitacional Flora Tristán, donde trabajos de reforzamiento habrían reducido el ancho del cauce. La fiscal precisó que estos hechos serán evaluados una vez concluya la emergencia.

El problema se agrava por la ocupación histórica de zonas de riesgo. Existen viviendas no consolidadas en torrenteras, pero también predios con títulos antiguos asentados en cauces. Según Cordero Echenique, se trata de una situación compleja que exigirá no solo eventuales investigaciones penales, sino también decisiones técnicas y administrativas de fondo. En esa línea, se solicitará información al Ingemmet sobre un informe de 2020 que habría advertido la reducción de ciertos cauces, para verificar si se adoptaron medidas preventivas.

En el plano legal, la fiscal advirtió que, de comprobarse omisión de funciones, las autoridades podrían enfrentar investigaciones por abuso de autoridad. Las exhortaciones emitidas antes y durante la temporada de lluvias dejan constancia formal de las advertencias. “Las autoridades tienen que demostrar que han actuado oportunamente de acuerdo a sus atribuciones y, con eso, solventar las denuncias que los ciudadanos han empezado a presentar”, sostuvo.