El Ministerio Público atraviesa una de las situaciones más críticas de su historia reciente debido a la falta de presupuesto, advirtió el fiscal Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada. Según explicó, los recursos asignados por el Ejecutivo solo alcanzan hasta marzo y, de no aprobarse un crédito suplementario, en abril no se podrá pagar los sueldos de los fiscales ni del personal administrativo a nivel nacional.

“Nos han dado un presupuesto por debajo de lo solicitado, lo que ha generado un grave desfase. Más de 4700 trabajadores de función fiscal y administrativos no podrán cobrar sus sueldos en marzo, y si no se otorgan los recursos adicionales, tendrán que ser despedidos”, señaló el magistrado en declaraciones a RPP Noticias.

Chávez Cotrina citó un oficio de la Gerencia General del Ministerio Público (00042-2026), que ordena evaluar la reducción del personal contratado en un 50 %, lo que significaría prescindir de la mitad de los trabajadores de apoyo. “Esto es gravísimo. El presupuesto solo alcanza hasta marzo, y si no se asignan fondos, el otro 50 % también deberá retirarse”, añadió.

El fiscal alertó que la falta de recursos afectará no solo a los trabajadores administrativos, sino también a los fiscales de todas las jerarquías. “A partir de abril, no se podrá pagar las remuneraciones de los fiscales, ni cubrir gastos operativos como viáticos, pasajes, criminalística o alquileres. El Ministerio Público está viviendo la crisis más grave de su historia”, afirmó.

Pese a los reiterados pedidos de presupuesto adicional, Chávez Cotrina señaló que el Gobierno de José María Balcázar aún no ha dado una respuesta concreta. “El Ministerio Público está siendo reducido a su mínima expresión por falta de decisión política. Somos los que ponemos el pecho frente al crimen organizado, pero sin recursos será imposible continuar”, advirtió.

Finalmente, exhortó al Ministerio de Economía y Finanzas a atender con urgencia el pedido presupuestal.

“No se puede combatir el delito debilitando a la institución que lidera la persecución penal. Si no se actúa de inmediato, la Fiscalía quedará prácticamente inoperativa”, concluyó.