Hay momentos en la historia que una nación prefiere contar en susurros. No porque sean inciertos, sino porque resultan incómodos. Lo que sucedió en Arequipa entre 1856 y 1858 encaja en esa categoría. No es un mito local ni una exageración regional: está respaldado por historiadores como Jorge Basadre y forma parte de las guerras civiles que sacudieron el Perú en el siglo XIX, cuando la República todavía buscaba su identidad y su forma definitiva.

El enfrentamiento entre liberales y conservadores durante el gobierno de Ramón Castilla tuvo en Arequipa uno de sus capítulos más intensos. La Constitución liberal de 1856, celebrada en Lima como símbolo de modernidad, fue vista en el sur como una alteración profunda de equilibrios históricos entre la Iglesia, el poder regional y la vida pública. La ciudad se convirtió en bastión del levantamiento conservador, no solo por lealtad ideológica, sino por un sentido de defensa de su autonomía y de su propia manera de entender la República.

Sin embargo, Arequipa no estalló de inmediato. No hubo una explosión repentina, sino un desgaste gradual. Durante casi dos años vivió una resistencia tensa: bloqueos comerciales, aislamiento político y presión militar constante. Poco a poco comenzó a funcionar casi como un territorio aparte, organizando milicias y sosteniendo una autonomía que el gobierno central consideraba inaceptable. Lo que empezó como desacuerdo constitucional se transformó en una confrontación cada vez más inevitable.

A inicios de 1858 la situación era crítica. El hambre y la escasez en la ciudad sitiada, empezaban a sentirse en los hogares. A fines de febrero el cerco militar se consolidó. El 5 y 6 de marzo la artillería abrió fuego de manera sostenida. El 7 de marzo de 1858 las tropas ingresaron y la resistencia organizada llegó a su fin.

En una urbe de aproximadamente de 40,000 habitantes no existía posibilidad real de separar con claridad combatientes y población civil. La ciudad era una sola. Cuando los cañones dispararon, lo hicieron sobre barrios habitados. La tradición histórica arequipeña habla de más de 4,000 muertos y cientos de heridos; la historiografía maneja cifras más prudentes. Pero incluso en las estimaciones más conservadoras, la magnitud fue enorme para una ciudad de ese tamaño. No se trató de un castigo limitado a un pequeño grupo armado, sino de artillería impactando sobre una comunidad donde mujeres, niños y hombres compartían el mismo espacio urbano que los militares. Las cifras representan vidas.

Arequipa no era solo una plaza rebelde; era un símbolo político. Si el bastión conservador del sur resistía con éxito, el proyecto liberal se debilitaba en el conjunto del país. El bombardeo fue también un mensaje: el Estado afirmaba su autoridad frente a la disidencia armada. Reconocerlo no significa justificarlo, sino entender la lógica dura de las guerras civiles del siglo XIX, donde la autoridad se imponía demostrando fuerza decisiva.

Las crónicas de la época y la novela “Jorge, el Hijo del Pueblo” recuerdan el episodio no como estrategia abstracta, sino como experiencia humana: familias escuchando el estruendo, polvo de sillar suspendido en el aire, campanas resonando en medio del miedo y la resistencia. La literatura no reemplaza la historia, pero la humaniza. Nos recuerda que detrás de cada dato hubo un rostro y que la memoria, cuando se sostiene con rigor y humanidad, es una forma de responsabilidad histórica.                                                                                                                            Lic. Ricardo Lucano