Por Rocío Velazco C.

La emergencia climática que golpeó a Arequipa en febrero de 2026 no solo desbordó torrenteras, ríos y calles, sino también la paciencia de una población que, una vez más, se sintió sola frente al desastre. Las lluvias intensas y huaicos que arrasaron con viviendas, vías y servicios básicos dejaron en evidencia que el problema en la región no es la falta de dinero, sino la falta de gestión, previsión y liderazgo.

ENTREVISTA A JULIO CÁCERES ARCE

Las cifras lo dicen todo: siete muertos, más de cuatro mil personas afectadas, centenares de viviendas colapsadas y distritos enteros incomunicados. Sin embargo, detrás de los números hay rostros, familias y barrios que hoy sobreviven entre el lodo y la incertidumbre, según el ingeniero Julio Cáceres Arce de CAPECO (Cámara Peruana de la Construcción).

El fenómeno pluvial que azotó Arequipa durante las últimas semanas de febrero ha sido calificado por especialistas del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) como una emergencia “multidimensional”. La afectación no distingue entre el casco urbano y las provincias rurales: desde Cayma y Yanahuara hasta Vítor, Castilla o Caylloma, el agua arrasó con todo a su paso.

Cáceres Arce, vocero de la entidad especializada en construcción y reconstrucción de infraestructura, precisó que el drama habitacional es profundo. En zonas como José Luis Bustamante y Rivero o Cerro Colorado, decenas de familias perdieron todo. Las viviendas, construidas muchas veces sobre cauces antiguos o laderas inestables, no resistieron el embate del agua. La Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) ya había advertido que solo el 14% de los programas de vivienda formal —como Techo Propio— llegan a los sectores C y D en Arequipa, empujando a miles de personas hacia zonas de alto riesgo.

CIUDAD PARTIDA, SERVICIOS COLAPSADOS

El golpe no solo fue humano. La emergencia paralizó la conectividad regional y los servicios básicos. Más de 56 kilómetros de vías quedaron destruidos; las torrenteras bloquearon carreteras en Vítor, Achoma y Andagua. En la ciudad, la activación de quebradas como Chullo dejó sin agua potable ni energía eléctrica a miles de familias. Urbanizaciones enteras en Cayma, Yanahuara y el Cercado quedaron bajo el agua.

Especialistas en ingeniería urbana advierten que esta tragedia era previsible. La falta de drenajes pluviales adecuados —particularmente en el intercambio vial de la Variante de Uchumayo— convirtió sectores enteros en embudos de agua y lodo. Cada temporada de lluvias se repite el mismo patrón: colapsos, vehículos y vecinos atrapados en la desesperación, añadió.

LA VISITA PRESIDENCIAL

El 25 de febrero, el presidente José María Balcázar llegó a Arequipa junto a la premier Denisse Miralles y parte de su gabinete. Lo hizo, según dijo, para atender la emergencia. Pero sus declaraciones solo agravaron la indignación: “Recién me entero por ustedes”, respondió cuando le preguntaron sobre la magnitud del desastre. La frase, difundida por los medios locales y por Radio Yaraví, simbolizó el desconcierto de un Ejecutivo desconectado de la realidad.

Durante la reunión en el Gobierno Regional, los alcaldes apenas tuvieron dos minutos para exponer los problemas de sus distritos. El encuentro terminó sin compromisos concretos ni asignación de recursos inmediatos.

Las palabras de los alcaldes resumen el sentimiento de frustración colectiva. Mientras el Ejecutivo promete evaluaciones técnicas y oficios, la gente en los distritos más golpeados espera carpas, agua y víveres.

Una revisión del presupuesto regional revela que la emergencia no es fruto de la pobreza, sino de la ineficiencia. El Gobierno Regional de Arequipa maneja un Fondo de Compensación Regional (FONCOR) superior a los 540 millones de soles anuales. A eso se suman los recursos del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) en cada distrito. Sin embargo, la ejecución de inversión apenas llega al 53%.

Presupuesto FONCOR – Gobierno Regional Arequipa

Miles de millones quedan sin gastar en obras preventivas. Muros de contención, limpieza de torrenteras y maquinaria de emergencia pudieron haberse financiado con esos fondos. La Ley 31952, promulgada en 2023, autoriza a los municipios a usar hasta el 50% de su FONCOMUN para comprar maquinaria pesada, sin esperar declaratorias de emergencia. Pero la norma duerme en los escritorios municipales.

En conjunto, más de 58 millones de soles estaban disponibles para prevención. Con esa cifra se pudo haber limpiado torrenteras, reforzado defensas y evitado buena parte de la tragedia.

DESORDEN URBANO

El desastre tiene también una causa estructural: el caos urbano. Arequipa crece sin control, invadiendo terrenos agrícolas y cauces naturales. La ausencia de un Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa (PDM) actualizado desde 2017 ha dejado a la ciudad sin una hoja de ruta para su expansión. Sin un PDM, las torrenteras se convierten en zonas de vivienda informal, y cada lluvia severa termina siendo una catástrofe anunciada.

Julio Cáceres Arce, representante de CAPECO, insiste desde hace años en que el PDM y el proyecto Majes-Siguas II deben ser los pilares de una planificación moderna. “Sin definir las zonas no mitigables y sin sistemas de drenaje, cualquier reconstrucción será efímera”, advierte.

DÉFICIT DE VIVIENDA FORMAL Y ABANDONO SOCIAL

El déficit de vivienda segura agrava la crisis. Los sectores populares carecen de acceso a programas habitacionales sostenibles, lo que empuja a miles de familias a ocupar quebradas o laderas. CAPECO plantea que la vivienda formal es la mejor política de prevención: una casa construida con criterio técnico y drenaje adecuado es también una barrera frente a los desastres.

La informalidad no solo es urbanística, sino también moral. Cada lote vendido sin autorización, cada permiso omitido y cada presupuesto no ejecutado es un ladrillo más en la vulnerabilidad de Arequipa.

RECOMENDACIONES

Para CAPECO, el modelo de gestión de infraestructura ha fracasado. No se trata de crear un nuevo ministerio, sino de fortalecer la capacidad técnica de los gobiernos locales. Sus propuestas son claras:

• Profesionalizar las gerencias de obra y eliminar los cargos políticos.
• Obligar a los municipios a usar la Ley 31952 para equipamiento preventivo.
• Invertir en un sistema de drenaje pluvial integral para Arequipa.
• Destrabar proyectos estratégicos como Majes-Siguas II y el PDM.

La ciudad necesita ingenieros tanto como necesita empatía. Mientras no se profesionalice la gestión pública, el agua seguirá entrando por las mismas grietas.

En medio del desastre, la población ha demostrado algo que las autoridades no: organización. En los barrios inundados, los vecinos levantan muros con sus propias manos, improvisan cocinas comunes y rescatan lo que el agua no se llevó. En Cayma, Socabaya o Bustamante, la solidaridad fluye más rápido que la ayuda oficial.

La tragedia de 2026 quedará en la memoria de Arequipa no solo por la magnitud de las lluvias, sino por la evidencia que dejó al descubierto: la Ciudad Blanca no necesita más promesas, necesita gestión, planificación y respeto por su territorio.

Porque cuando la lluvia vuelva —y volverá— lo que se decida hoy determinará si Arequipa vuelve a inundarse… o finalmente aprende a fluir con el agua, y no contra ella.