A raíz de las lluvias torrenciales, desbordes y huaicos registrados en las últimas semanas, 152 locales educativos arequipeños se encuentran inhabilitados para la enseñanza escolar, según el reciente reporte de la Gerencia Regional de Educación. Techos con filtraciones, aulas anegadas, muros con humedad y ambientes que requieren limpieza y desinfección forman parte del diagnóstico preliminar, lo que ha obligado a posponer el inicio del año escolar mientras se evalúan las condiciones mínimas de seguridad para el retorno presencial.

Sin embargo, las deficiencias en la infraestructura educativa no son un problema únicamente coyuntural. Incluso sin emergencia de por medio, los locales educativos de gestión estatal en Arequipa ya presentaban debilidades estructurales. A cierre de 2025, de los 1 441 colegios públicos existentes en la región, cerca del 77% (1 110) requerían algún tipo de intervención para brindar un servicio adecuado. Más grave aún: uno de cada cuatro locales educativos necesitaba demolición o sustitución total debido a su infraestructura inadecuada.

La problemática responde principalmente a las deficiencias en la gestión de la inversión pública. En 2025, Arequipa contó con un presupuesto superior a S/ 398 millones destinado a mejorar la infraestructura educativa. No obstante, 83 de un total de 403 proyectos registraron ejecución cero pese a contar con presupuesto asignado, lo que equivale al 20% del total. Es decir, uno de cada cinco proyectos no ejecutó un solo sol. Uno de estos proyectos fue el mejoramiento del local educativo de la I.E. Hipólito Sánchez Trujillo en el distrito de Cabanaconde en Caylloma.

La falta de continuidad presupuestal agrava el escenario. A enero de este año se identificaron 25 proyectos educativos no culminados que no cuentan con presupuesto para 2026, los cuales representan una inversión conjunta de S/ 214 millones. Entre ellos figura el mejoramiento del servicio educativo de la I.E. 40392 José A. Encinas Franco, en Imata, con una inversión de S/ 9 millones y un avance de 82% desde su inicio en 2017, pero sin asignación presupuestal para este año. Casos como este evidencian deficiencias en la priorización y en la planificación multianual de inversiones.

Los retrasos en la entrega de los mismos también son significativos: 82 de los 347 proyectos educativos activos con presupuesto modificado (PIM) —equivalentes al 24%— presentan atrasos en su culminación, con un retraso promedio de 540 días. El Gobierno Regional de Arequipa muestra los mayores niveles de demora: el 9% de sus proyectos activos acumula, en promedio, 1 512 días de atraso. Estas cifras reflejan una combinación de debilidades técnicas, problemas de supervisión y escasa capacidad de ejecución.

Las deficiencias en la infraestructura educativa y en la gestión de los proyectos cobran especial relevancia en un contexto en el que Arequipa aún no recupera los niveles de aprendizaje perdidos durante la pandemia. En 2024, solo el 43% de estudiantes de cuarto grado de primaria alcanzó resultados satisfactorios en la prueba nacional de lectura, cifra inferior al 46% registrado en 2019. Es decir, el desempeño se mantiene por debajo de los niveles prepandemia. Cuando las obras se retrasan o no se ejecutan, no solo se posterga infraestructura: se debilitan las condiciones básicas para el aprendizaje. La evidencia muestra que entornos escolares seguros y funcionales favorecen la motivación, facilitan la labor docente y contribuyen a reducir la deserción escolar.

En ese sentido, recuperar los niveles educativos no exige necesariamente más recursos, sino una mejor gestión de los existentes. Fortalecer la formulación y priorización de proyectos, mejorar la capacidad técnica de las entidades ejecutoras y asegurar continuidad presupuestal son condiciones indispensables para que la inversión pública cumpla su propósito. Solo así los recursos asignados podrán traducirse en colegios seguros, obras culminadas y mejores oportunidades educativas para los estudiantes arequipeños.