El objetivo es evitar daños aún mayores en los años venideros.

Por Danna Felipe B.

Las lluvias torrenciales de este 2026 han sido claras en que si le seguimos quitando a la naturaleza, las consecuencias serán aún peores. Después del apoyo humanitario al que todo afectado por las fuertes precipitaciones tiene derecho, debe comenzar un periodo por parte de las municipalidades en el que se defina la prevención de desastres para los años venideros, siendo entonces ineludible el desalojo o reubicación de ciertas familias, con el objetivo prioritario de devolver cauce a las torrenteras y reducir así el peligro para la vida de las personas y pérdidas bienes materiales.

En ese sentido, el jefe del Área de Defensa Civil de la Municipalidad de Cayma, Alfredo Chávez, informó que van a articular acciones para el desalojo o reubicación, dependiendo de la situación legal de cada inmueble, de las viviendas construidas en zonas de riesgo.

“Hay varios casos en Cayma donde viviendas con título están en plena torrentera”, reconoció.

Chávez Figueroa coincidió con la lógica y explicó que las afectaciones se deben a que el espacio actual de nuestras torrenteras es insuficiente para que el agua producto de las lluvias pueda seguir su curso natural.

“Muchos ya habrán visto videos en los que hay una gran construcción en plena torrentera; la compartimos con Cerro Colorado; tenemos que hacer las coordinaciones necesarias para que se respete a la naturaleza”, puntualizó.

Siendo consciente que este es el último año de gestión de Juan Carlos Linares, el ingeniero resaltó que todas las acciones de prevención de desastres deben comenzar antes de 2027, porque al próximo año va a volver a llover e incluso el Senamhi ha advertido que debido al Cambio Climático nos deparan lluvias aún más fuertes en el futuro y por consiguiente estamos en la obligación de erradicar la causa humana de los resultados.

“Tenemos que hacerlo. Ver cada caso, porque si está en zona de riesgo hasta dónde tengo entendido no tiene derecho a reubicación. Es más, ni a los bonos que prometió el Gobierno Nacional. Nuestra parte legal, Procuraduría, evaluará la situación de estas personas que lamentablemente viven en lugares no aptos”, finalizó.