Por Jorge Turpo R.

El Gobierno Regional despilfarró S/ 124 mil en un expediente técnico de saldo de obras mal hecho, la Contraloría detectó irregularidades en la contratación de la empresa que lo elaboró. Se dispuso que se denuncie penalmente a los responsables.

POBLACIÓN AFECTADA EN LA UNIÓN

La reconstrucción del hospital de Cotahuasi, en la provincia de La Unión, seguirá atrapada en el abandono. Tras más de seis años de paralización, la obra vuelve a estancarse, esta vez por errores graves en el expediente técnico de saldo de obra elaborado durante la gestión del gobernador regional Rohel Sánchez.

Un informe de la Contraloría General de la República concluye que el documento, que costó 124 mil soles, presenta deficiencias técnicas sustanciales e irregularidades en el proceso de contratación que impiden su ejecución y prolongan la postergación de un proyecto clave para la salud en una de las zonas más alejadas de Arequipa.

El expediente técnico debía ser la herramienta que permitiera retomar los trabajos pendientes del hospital, determinar con precisión qué faltaba construir y establecer los costos actualizados para culminar la obra. Sin embargo, ocurrió lo contrario.

La Contraloría advierte que el documento fue recepcionado pese a ser inconsistente, vulnerando la normativa aplicable a las contrataciones públicas y afectando principios básicos como la libertad de concurrencia, la competencia y la eficiencia en el uso de recursos del Estado.

DEFICIENCIAS

Uno de los principales hallazgos es que el expediente técnico no contiene una evaluación clara y completa del estado real de la infraestructura paralizada. No se identifica con precisión qué componentes de la obra están inconclusos, cuáles requieren corrección y cuáles ya fueron ejecutados en la etapa inicial del proyecto. Esta ausencia de diagnóstico técnico distorsiona la planificación y hace inviable su uso como base para reiniciar la construcción.

El informe señala, además, que los planos entregados no describen adecuadamente las partidas que faltan por ejecutar. Peor aún, varios de estos planos no estuvieron inicialmente suscritos por los especialistas responsables, lo que vulnera las especificaciones técnicas mínimas exigidas por la normativa. Esta omisión no es un detalle menor: sin planos debidamente aprobados, la obra no puede ser licitada ni ejecutada.

Otra irregularidad grave es que el expediente incluye partidas que ya habían sido ejecutadas y mobiliario que incluso había sido entregado por el ejecutor de la obra primigenia. Esto significa que el documento contempla trabajos inexistentes o duplicados, un error que podría generar pagos indebidos si el proyecto se ejecutara tal como fue formulado. Para la Contraloría, estos defectos son sustanciales e insubsanables, lo que invalida el expediente técnico en su totalidad.

Las deficiencias también alcanzan la estimación de metrados y la actualización de costos. El expediente no sustenta adecuadamente las cantidades de obra pendientes ni los precios unitarios, lo que abre la puerta a sobrecostos, adicionales de obra y nuevas ampliaciones de plazo. En proyectos paralizados por años, este tipo de errores suele convertirse en la antesala de nuevos conflictos contractuales y retrasos indefinidos.

MALA CONTRATACIÓN

Las observaciones no se limitan al contenido técnico. El informe también detalla serias irregularidades en la contratación de la empresa encargada de elaborar el expediente. La buena pro fue otorgada de manera directa a la empresa Quisvar C y C S.R.L., pese a que los términos de referencia fueron elaborados con requisitos de calificación sin sustento técnico y sin una indagación de mercado que garantizara la pluralidad de postores.

Según la Contraloría, la empresa contratada no acreditó adecuadamente la experiencia del personal clave ni la disponibilidad del equipamiento estratégico exigido. Aun así, el contrato fue suscrito.

Además, el proceso se sustentó en cotizaciones carentes de veracidad, lo que cuestiona la transparencia de la contratación.

El informe también observa la contratación de la consultora Ana Chávez Alba para la evaluación del expediente técnico. Su cotización fue presentada fuera de plazo y no cumplía con la documentación exigida por la normativa vigente. Pese a ello, se le otorgó la buena pro, una decisión que refuerza los indicios de irregularidad en todo el proceso de contratación.

A estas irregularidades se suma la inacción de la Gerencia Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos. La Contraloría advierte que esta dependencia no adoptó medidas de control que garantizaran la calidad del servicio prestado. No existe documentación que sustente una revisión técnica rigurosa del informe de evaluación del expediente de saldo de obra presentado por la consultora, lo que evidencia una falla grave en el control interno del Gobierno Regional.

DENUNCIA PENAL

La gravedad de los hallazgos llevó a la Contraloría a recomendar el inicio de acciones legales. El informe señala que las irregularidades detectadas generaron un perjuicio económico de S/ 124 284.04 y afectaron el correcto funcionamiento de la administración pública.

Por ello, se dispuso remitir el caso al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción para que se inicien las acciones penales correspondientes contra los funcionarios y servidores públicos involucrados.

Mientras tanto, el hospital de Cotahuasi sigue siendo una obra fantasma. Un proyecto pensado para cerrar brechas en salud permanece abandonado, no por falta de presupuesto, sino por expedientes mal hechos y decisiones administrativas cuestionables. En La Unión, la espera continúa. Con cada nuevo error, la promesa de un hospital digno se aleja un poco más.