Por: Carlos Meneses

Arequipa no puede seguir tolerando improvisaciones. Garantizar agua segura y permanente en La Joya no es solo una tarea técnica: es una responsabilidad política y moral. El agua no puede seguir siendo rehén de la ineficiencia.

La crisis del agua potable en el distrito de La Joya vuelve a poner en evidencia la falta de previsión, coordinación y eficiencia del Gobierno Regional de Arequipa (GRA). Lo ocurrido con el abastecimiento irregular en los 23 pueblos de La Joya Nueva, que derivó en el bloqueo de la Panamericana Sur, no es un hecho aislado: es el resultado de una cadena de incumplimientos y de una gestión pública que parece incapaz de atender las necesidades más básicas de la población.

Desde hace dos meses, miles de familias viven con un servicio de agua por horas, insuficiente y precario. Las lluvias intensas y la alta turbidez del recurso son solo parte del problema. El verdadero trasfondo radica en la ineficacia institucional: una planta de tratamiento bajo administración regional que opera a la mitad de su capacidad, un proceso de transferencia paralizado desde 2019 y un plan de contingencia que se cumple a medias, cuando debería garantizar el derecho al acceso continuo a este servicio esencial.

El GRA no puede seguir responsabilizando únicamente a factores climáticos o a la falta de coordinación municipal. Las demoras en la transferencia de la planta, los problemas legales no resueltos y la ausencia de autoridades en reuniones clave reflejan una preocupante falta de compromiso con los ciudadanos. Los pobladores de La Joya no exigen privilegios: exigen agua, y con ella, dignidad.

La protesta en el kilómetro 48 de la Panamericana Sur fue el grito de una población que se siente abandonada. La presencia policial y la posterior liberación de la vía no solucionan nada. Se necesita acción técnica, diálogo real y una gestión transparente.

El reciente anuncio del GRA sobre el restablecimiento del servicio y la transferencia del sistema a Sedapar es un paso, pero llega tarde y bajo presión social. No puede repetirse que la respuesta estatal dependa del conflicto. La planificación, la supervisión y la rendición de cuentas deben ser las bases de una gestión moderna del agua.