La Defensoría solicitará a la Contraloría que investigue cómo fue aprobado el plan de trabajo ante las emergencias.

Por: Daniela Nickole Santander

Ante la actual situación de Arequipa frente a las fuertes lluvias, hay un descontento. No es solo las lluvias, es la sensación de que todo esto pudo evitarse. Así lo ha señalado con firmeza Andrea Sarayasi Tejada, jefa de la Oficina Defensorial de Arequipa, quien advierte que la emergencia no es únicamente consecuencia de la naturaleza, sino también de decisiones políticas y omisiones que hoy pasan factura.

“Defensa Civil es tarea de todos”, recordó la representante de la Defensoría. La Ley de Gestión de Riesgos y Desastres establece que la prevención y respuesta corresponde a los tres niveles de gobierno, distrital, provincial y regional. No es una competencia aislada ni opcional, sino una obligación permanente. No sirve de nada que los alcaldes y autoridades se echen la culpa entre ellos. La responsabilidad es compartida. La gestión del riesgo es articulada y ningún nivel puede deslindar funciones cuando las consecuencias afectan directamente a la población. Las pugnas políticas no reconstruyen viviendas ni previenen desastres.

Es esencial precisar que las municipalidades, por medio de sus oficinas de defensa civil, son las encargadas de otorgar licencias de construcción y permisos de funcionamiento, tanto para viviendas como para establecimientos comerciales. Es decir, ninguna edificación se levanta de manera formal sin autorización municipal. Por ello, cuando existen construcciones en zonas de riesgo, cerca de torrenteras o sobre cauces naturales, corresponde evaluar qué criterios técnicos se aplicaron y quién autorizó esos permisos. Sin embargo, las pruebas hoy son suficientes, las viviendas anegadas, comercios colapsados y estructuras debilitadas tras cada desborde evidencian que algo falló en la planificación y fiscalización.

Uno de los puntos más graves señalados por la Defensoría es la aprobación del plan de trabajo 2026 de la Plataforma de Defensa Civil del Gobierno Regional. Ante la pregunta de si esta omisión podría generar responsabilidad penal o judicial para el gobernador, Sarayasi indicó que precisamente eso deberá evaluarse. Dicho plan de trabajo que no cuenta con más de 10 hojas, da a conocer la ineficiencia con la que fue hecho.

Por ello Sarayasi Tejada, anunció que se solicitará formalmente a la Contraloría que investigue cómo fue aprobado este plan de trabajo y si se actuó conforme a la normativa vigente. La revisión deberá determinar si existió omisión de funciones o algún tipo de responsabilidad administrativa o incluso penal. Según detalló, el plan aprobado es reiterativo y no contiene un accionar de respuesta de acción real frente al periodo de lluvias, inundaciones o ingreso de torrenteras.

Además, reveló que antes de la votación se pidió expresamente al gobernador que no lo lleve a aprobación el día 16 y que se reformule el documento. Este pedido fue respaldado por distintas entidades técnicas. No obstante, al momento de la votación, el plan fue aprobado por mayoría. Lo más preocupante, según añadió, es que en el acta tampoco se dejaron constancia de las recomendaciones realizadas. No se incorporaron observaciones que exigían detallar qué acciones concretas se ejecutarían durante el periodo de lluvias ni cómo se respondería ante inundaciones o activación de torrenteras.

La Defensoría también cuestionó que en reuniones técnicas no se haya dado el espacio suficiente para que entidades como INGEMMET ( Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico del Perú) y Senamhi expongan sus informes con profundidad. Sin sustento técnico sólido, cualquier plan queda debilitado y expone a la población a mayores riesgos.

Pero esta situación no es nueva ni imprevisible. Desde el año 2020 ya existían informes técnicos que advertían sobre el riesgo en quebradas como Chachani y otras zonas vulnerables de la ciudad. En esos documentos se recomendaba la limpieza y descolmatación permanente, la construcción de presas de retención en la parte alta, la delimitación de áreas intangibles y la reubicación de viviendas asentadas en zonas de alto peligro. Es decir, las advertencias estaban hechas hace más de cinco años. No se trata de una emergencia sorpresiva. Las recomendaciones técnicas fueron concisas y oportunas. Aún así, no se ejecutaron con la prioridad necesaria ni se implementó una estrategia integral que permitiera reducir el impacto de los huaicos y desbordes.

Según lo señalado, una de las razones habría sido el constante cambio de gerencias, funcionarios y autoridades, lo que terminó debilitando la continuidad de los planes de prevención. Cada gestión inicia diagnósticos, pero muchas veces no da seguimiento a lo ya advertido. Y en gestión de riesgo, la falta de continuidad se paga caro.

Arequipa no enfrenta solo lluvias intensas. Enfrenta las consecuencias de planes incompletos, advertencias ignoradas y decisiones que hoy están bajo la lupa. Y recordemos » Defensa civil es tarea de todos», desde el ciudadano que infringe y construye en lugares inhabitables, hasta las autoridades que dan los permisos.