SEGÚN INFORME DEL IPE

La situación de la infraestructura educativa en la región Arequipa evidencia una problemática estructural que afecta directamente a miles de escolares. De acuerdo con información del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), cerca de 3 mil locales educativos de la región se encuentran en zonas con riesgo alto o muy alto frente a inundaciones, lo que incrementa la vulnerabilidad de estudiantes y docentes durante la temporada de lluvias.

Las precipitaciones intensas registradas en los primeros meses del año obligaron incluso a declarar en estado de emergencia a 702 instituciones educativas en febrero, de las cuales 250 corresponden al sector público y 452 al privado. Esta medida refleja la magnitud del problema y la urgencia de contar con infraestructura educativa segura que permita garantizar la continuidad del servicio educativo sin poner en riesgo a la comunidad escolar, informan especialistas del Instituto Peruano de Economía (IPE),

Según datos del Ministerio de Educación, el 25.4% de los locales educativos públicos de Arequipa requiere ser sustituido completamente debido al muy alto riesgo de colapso que presentan sus estructuras. Esta situación compromete las condiciones de estudio de aproximadamente 19 mil estudiantes, lo que equivale a uno de cada diez alumnos matriculados en la región.

El problema se agrava en las zonas rurales, donde históricamente la inversión en infraestructura educativa ha sido menor. El 76% de los locales educativos que requieren sustitución total se ubica fuera de las zonas urbanas. Provincias como La Unión, Castilla y Condesuyos concentran los casos más críticos: en estas jurisdicciones, al menos nueve de cada diez instituciones educativas necesitan ser demolidas y reconstruidas por el estado de deterioro que presentan sus instalaciones, revelaron voceros del IPE.

En general, siete de las ocho provincias de la región registran colegios ubicados en zonas rurales que presentan riesgo de colapso. Esta situación no solo expone a los estudiantes a posibles emergencias, sino que también limita el desarrollo de actividades académicas en condiciones adecuadas.

La precariedad de la infraestructura también se evidencia en el estado de las aulas. De acuerdo con reportes del sector Educación, el 37% de los colegios públicos de la región presenta al menos un salón con problemas estructurales. Entre las principales deficiencias se encuentran puertas en mal estado (6.2%), pisos deteriorados (5.6%), paredes desgastadas o con grietas (4.6%) e instalaciones eléctricas deficientes (3.8%).

En provincias predominantemente rurales, como Caravelí y Condesuyos, la proporción de colegios con aulas deterioradas alcanza cerca del 45%. Estas condiciones afectan el ambiente de aprendizaje y representan riesgos adicionales para los estudiantes.

Las limitaciones también se extienden al acceso a servicios básicos. Mientras que el 95% de las instituciones educativas privadas cuenta con agua potable, alcantarillado y electricidad, apenas el 59% de los colegios públicos dispone de estos servicios. La brecha es significativa si se considera que los planteles estatales representan cerca de dos tercios del total de instituciones educativas de la región.

Cuando la infraestructura se vuelve inhabitable, una de las soluciones temporales más utilizadas es la instalación de módulos prefabricados. En Arequipa, estos representan alrededor del 16.5% de las edificaciones educativas. Sin embargo, muchas de estas estructuras fueron concebidas como alternativas provisionales y no para un uso prolongado.

En promedio, los módulos prefabricados llevan más de ocho años en funcionamiento en diversas instituciones educativas de la región. Su desgaste acumulado y su menor resistencia estructural frente a fenómenos climáticos incrementan el riesgo de deterioro o colapso, lo que convierte a estas soluciones temporales en un problema adicional cuando no se concretan proyectos de infraestructura definitiva.

Cerrar la brecha de infraestructura educativa en Arequipa demandará una inversión considerable. El Ministerio de Educación estimó que, en 2025, el déficit en este sector alcanzaba los 4 mil 500 millones de soles. Esta cifra equivale a más de once veces el presupuesto regional destinado a educación durante ese año.

En 2025, el presupuesto regional asignado al sector Educación superó los 398 millones de soles, con una ejecución del 85.6%, ligeramente por encima del promedio nacional, que se ubicó en 84.6%. Sin embargo, para el año 2026 el presupuesto destinado a esta función se redujo a 333 millones de soles, lo que representa una disminución cercana al 17% en términos reales.

Especialistas advierten que esta reducción presupuestal podría dificultar aún más la atención de las necesidades urgentes en infraestructura educativa, especialmente en zonas rurales donde el deterioro de los locales escolares es más crítico.

Frente a este panorama, diversos sectores coinciden en la necesidad de impulsar mecanismos que permitan acelerar la inversión en infraestructura educativa, incluyendo asociaciones público-privadas y programas de reconstrucción priorizados por nivel de riesgo. Asimismo, se plantea que el próximo gobierno establezca una estrategia integral de mantenimiento, reconstrucción y ampliación de colegios, con metas claras y cronogramas definidos.

Garantizar espacios seguros y adecuados para la educación no solo es una obligación del Estado, sino una condición fundamental para mejorar la calidad del aprendizaje. Mientras la brecha de infraestructura persista, miles de estudiantes en Arequipa continuarán asistiendo a clases en ambientes que no cumplen con las condiciones mínimas para su formación y seguridad.