Por Rocío Velazco C.

ENTREVISTA A LUIS ROEL, EXVICEPRESIDENTE DEL CONGRESO

En un contexto marcado por la inestabilidad política, la fragmentación del sistema de partidos y la cercanía de las elecciones generales de 2026, el exvicepresidente del Congreso, Luis Roel Alva, traza un diagnóstico crítico del momento que atraviesa el Perú. Advierte sobre la pérdida de autonomía del Poder Ejecutivo, cuestiona la calidad de la representación política y plantea la necesidad de reformas realistas que respondan a la compleja realidad nacional. En esta entrevista, analiza los riesgos de un sistema que, según afirma, ha derivado en un “parlamentarismo atenuado”.

¿Cómo evalúa la situación política actual del país?

-Estamos atravesando una de las etapas más complejas de la vida republicana reciente. Lo que se percibe es una crisis que no es solo coyuntural, sino estructural. Hay una debilidad evidente del Poder Ejecutivo que se ha venido arrastrando en los últimos años y que hoy se manifiesta con mayor claridad. No se trata de un problema de una sola gestión, sino de un patrón que se ha repetido.

El Ejecutivo ha perdido capacidad de decisión propia. Hoy vemos gobiernos que no logran consolidar una línea política clara ni sostener equipos técnicos con independencia. Esto genera un escenario de incertidumbre permanente, donde las decisiones no responden necesariamente a una planificación de gobierno, sino a la necesidad de mantener equilibrios políticos.

Además, esta situación impacta directamente en la ciudadanía. Cuando el Estado no logra proyectar estabilidad, se debilita la confianza en las instituciones.

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Usted ha hablado de un “parlamentarismo atenuado”. ¿Qué significa eso en la práctica?

-Significa que, aunque formalmente tenemos un sistema presidencialista, en la práctica el poder se ha desplazado hacia el Congreso. El Ejecutivo ya no actúa con la autonomía que le corresponde. Muchas decisiones pasan por una suerte de validación política en el Parlamento.

Esto se observa claramente en la designación de ministros. En un sistema saludable, el presidente y el premier conforman su gabinete en función de criterios técnicos y políticos alineados con su plan de gobierno. Hoy, en cambio, vemos que esos nombramientos están condicionados por negociaciones con el Congreso.

Ese fenómeno rompe el principio de separación de poderes. El Legislativo no solo fiscaliza, sino que incide directamente en la conformación del Ejecutivo. Eso genera una dependencia que distorsiona el funcionamiento del Estado.

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¿Cómo afecta esta situación a la gobernabilidad y sobre todo en vísperas de un proceso electoral?

-La afecta de manera directa. Un gobierno que no tiene autonomía para tomar decisiones es un gobierno debilitado. La gestión pública requiere coherencia, continuidad y claridad en los objetivos. Si cada decisión debe ser negociada políticamente, se pierde eficiencia.

Además, se genera inestabilidad en los equipos de trabajo. Los cambios constantes en el gabinete responden muchas veces a presiones externas, no a evaluaciones de desempeño. Eso impide consolidar políticas públicas de mediano y largo plazo.

También hay un impacto en la percepción internacional. Los inversionistas, por ejemplo, observan la estabilidad política como un factor clave. Si ven un país con alta rotación de ministros y con un Ejecutivo condicionado, eso genera desconfianza.

En resumen, la gobernabilidad se debilita porque el Estado pierde capacidad de acción. Y eso termina afectando el desarrollo del país.

En ese contexto, ¿cómo interpreta los recientes cambios en el gabinete, a que los atribuye?

-Los cambios en el gabinete deben analizarse con cuidado. No se trata solo de quién entra o quién sale, sino de por qué se toman esas decisiones. Cuando los cambios responden a una estrategia de gobierno, pueden ser positivos. Pero cuando obedecen a presiones políticas, el escenario es distinto.

Lo que se percibe es que algunos ajustes responden a demandas del Congreso. Eso es preocupante, porque el gabinete debería ser una herramienta de gestión del Ejecutivo, no un espacio de negociación política.

Además, estas modificaciones generan incertidumbre cuando implican variar el enfoque de sectores clave. Por ejemplo, pasar de un perfil técnico en economía a uno con otra orientación puede enviar señales contradictorias.

También hay que considerar el contexto. Estamos en un periodo preelectoral, y eso introduce un componente adicional de presión. El gabinete no solo debe gestionar, sino también sobrevivir políticamente. Y eso no es lo ideal para un país que necesita estabilidad.

¿El voto de confianza se ha convertido en un mecanismo de presión?

-En la práctica, sí. El voto de confianza es una herramienta constitucional válida, pero en el contexto actual se utiliza como un instrumento de negociación política. El Ejecutivo necesita ese respaldo para continuar, y eso lo coloca en una posición de dependencia.

Esto obliga al gobierno a hacer concesiones que, en algunos casos, pueden afectar la calidad de la gestión. No se trata de eliminar el mecanismo, sino de entender cómo se está utilizando.

Cuando el voto de confianza se convierte en una herramienta de presión constante, se desnaturaliza su función. Deja de ser un mecanismo de control político y pasa a ser un elemento de condicionamiento.

Pasemos al sistema de partidos. ¿Cuál es su diagnóstico a la preocupante fragmentación que se observa para los próximos comicios?

-El sistema de partidos en el Perú está profundamente debilitado. Tenemos una proliferación de organizaciones políticas que no necesariamente cumplen con una función representativa real. Muchas de ellas aparecen en cada proceso electoral sin una estructura sólida ni una identidad definida.

Actualmente, hay más de 30 partidos en competencia, y la gran mayoría no superará la valla electoral. Eso refleja un problema de fondo: la falta de institucionalidad. Los partidos deberían ser espacios de formación política, de construcción de propuestas y de representación de intereses ciudadanos. Pero en muchos casos no es así. Esto genera una fragmentación que luego se traslada al Congreso.

¿Las reformas políticas han fallado?

-No diría que han fallado completamente, pero sí han sido insuficientes y, en algunos casos, mal orientadas. Las reformas deben partir de un diagnóstico claro de la realidad del país. Y en ese punto creo que ha habido una desconexión.

¿Qué tipo de reformas se necesitan entonces y que deben darse con el próximo gobierno?

-Se necesita una reforma integral, pero con un enfoque realista. Hay que revisar los requisitos de inscripción de los partidos, adaptándolos a la realidad de la población electoral. También es importante fortalecer la democracia interna y promover la formación de cuadros.

Además, se debe garantizar que los partidos tengan autonomía para tomar decisiones políticas, sin interferencias excesivas. El objetivo debe ser construir organizaciones sólidas, no simplemente cumplir con requisitos formales.

La reforma política no puede ser un ejercicio teórico. Debe responder a las necesidades concretas del país.

¿Qué impacto tiene el transfuguismo en este escenario?

-El transfuguismo es uno de los factores que más debilita la representación política. Cuando un congresista cambia de bancada o se crean nuevos grupos parlamentarios, se altera la voluntad del electorado.

Los ciudadanos votan por una propuesta política determinada, pero luego ven que sus representantes actúan de manera distinta. Eso genera desconfianza y afecta la legitimidad del Congreso.

En 2026 volverá la bicameralidad. ¿Puede contribuir a solucionar esta inestabilidad?

-La bicameralidad puede contribuir a mejorar el proceso legislativo, pero no es una solución mágica. Su principal ventaja es que permite una revisión más rigurosa de las leyes. La Cámara de Diputados puede hacer una primera evaluación, y el Senado una revisión más profunda.

Eso puede ayudar a evitar decisiones apresuradas. Sin embargo, el éxito del sistema dependerá de la calidad de los representantes. Si no se elige a las personas adecuadas, el problema se va a trasladar a ambas cámaras.

La estructura es importante, pero lo fundamental son las personas. Necesitamos representantes con capacidad, ética y compromiso con el país.

¿Existe una crisis de liderazgo en la política peruana?

-Sí, y es bastante evidente. Hay una falta de coherencia entre lo que dicen los líderes políticos y lo que hacen sus bancadas en el Congreso. Eso genera una desconexión que afecta la credibilidad.

Un candidato puede tener un discurso atractivo, pero si no logra alinear a su partido, ese discurso pierde valor. La política requiere liderazgo, y el liderazgo implica capacidad de conducción.

Hoy vemos partidos donde no hay una dirección clara. Eso se refleja en el comportamiento de sus congresistas y en la dificultad para construir consensos.

¿Cómo ve el proceso electoral en marcha, se afectará con esta nueva crisis política?

Desde el punto de vista técnico, el proceso está garantizado. Instituciones como el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil tienen experiencia y autonomía.

El problema no está en la organización de las elecciones, sino en la calidad de la oferta política. Ese es el gran desafío.

¿Qué mensaje le daría a la ciudadanía en estos momentos de incertidumbre?

-Que asuma su responsabilidad. El voto no es solo un derecho, es un deber. En estas elecciones habrá más de mil candidatos entre presidencia, Senado y Diputados. Evaluarlos no es fácil, pero es necesario.

No podemos seguir votando por desconocimiento o por impulso. Hay que informarse, analizar y tomar decisiones responsables. Si no lo hacemos, vamos a seguir repitiendo los mismos errores.

El análisis del doctor Rohel Alva plantea una advertencia clara: sin reformas estructurales, sin partidos sólidos y sin un electorado informado, el Perú seguirá atrapado en un ciclo de inestabilidad que amenaza su gobernabilidad y su desarrollo.