El Poder Judicial dictó seis años de pena privativa de la libertad contra Jhonatan Collqui M., hallado culpable del delito contra la indemnidad sexual en agravio de su sobrina, quien tenía 10 años al momento de los hechos. La sentencia también establece medidas de protección a favor de la víctima, así como restricciones estrictas para el sentenciado mientras el fallo queda firme.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Provincial Mixta de Acarí, el acusado aprovechó momentos en los que la menor se encontraba sola para ingresar a su habitación. Por temor, la niña no denunció de inmediato lo ocurrido. Sin embargo, con el paso del tiempo, los actos indebidos habrían continuado en situaciones cotidianas, como durante traslados al colegio o mediante acercamientos físicos inapropiados.

Durante el juicio, la fiscal adjunta provincial Milagros Sueros Mejía presentó diversos elementos probatorios que permitieron sustentar la responsabilidad del imputado. Entre ellos destacan la entrevista única realizada en cámara Gesell, testimonios de testigos, corroboraciones periféricas, el certificado médico legal y una pericia psicológica, los cuales fueron determinantes para acreditar los hechos.

Pese a la sentencia condenatoria, el Poder Judicial dispuso la suspensión provisional de la ejecución de la pena hasta que esta sea revisada en segunda instancia. Mientras tanto, el sentenciado deberá cumplir reglas de conducta estrictas, como no cambiar de domicilio sin autorización judicial, informar mensualmente sobre sus actividades y abstenerse de comunicarse o acercarse a la víctima y su entorno familiar.

Asimismo, se fijó el pago de una reparación civil de dos mil soles a favor de la agraviada. Como parte de las sanciones, también se le impuso la inhabilitación definitiva para ejercer cualquier función docente o administrativa en instituciones educativas, tanto públicas como privadas, así como en entidades vinculadas al sector Educación.

El caso vuelve a poner en evidencia la importancia de denunciar oportunamente este tipo de delitos y de fortalecer los mecanismos de protección para menores en situación de vulnerabilidad.